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“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Frase inicial del Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), debida a Kofi Annan, quien impulsó este instrumento internacional en el año 2000 cuando era secretario general de la ONU, pareciera sacada del discurso de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
También conocida como “La Convención Mérida” por haber sido aprobada en la Conferencia Política celebrada en esa ciudad del 9 al 11 de diciembre del 2003, la CNUCC tiene un amplio sustento en la Asamblea General de la ONU (resolución 55/61 - 4/12/2000). Así nació a principios de este siglo este instrumento internacional ahora suscrito por más de 180 Estados miembros de la ONU.
La Convención compuesta de 77 artículos persigue tres fines: a) Promover y fortalecer la prevención y combate a la corrupción; b) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción y c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
Su ámbito de aplicación es “la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la Convención”.
Para tales propósitos contiene un código de conducta para los funcionarios públicos, disposiciones para la adecuada contratación pública y gestión de la hacienda pública, medidas relativas al poder judicial y el MP, pero también se extiende al sector privado a fin de que se mejoren las normas contables y de auditoría del mismo, acompañadas de sanciones para hacerlas eficaces.
Involucra a la sociedad civil debidamente informada y a ONG en la lucha contra la corrupción para sensibilizar a la opinión pública sobre las causas y gravedad de este flagelo.
El capítulo sobre penalización incluye delitos de soborno de funcionarios públicos y sector privado, la malversación, peculado y desviación de bienes públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, blanqueo, encubrimiento y obstrucción de la justicia, además de la recuperación de activos y el decomiso.
La CNUCC es un instrumento muy completo, que abarca sectores público y privado, y tiene un amplio y denso contenido. Lamentablemente tiene un defecto: su observancia remite artículo por artículo a la voluntad de los Estados parte para aplicar sus disposiciones y medidas acordes con su Derecho interno, lo que significa una eficacia muy limitada que descansa en la buena fe gubernamental.
Y es aquí en donde encaja la idea promovida por el juez federal de distrito de Massachusetts, Mark Wolf, para crear una Corte Internacional Anti-Corrupción (CIAC) a fin de hacer efectivos en el orden internacional los principios y medidas de la CNUCC. (“The World Needs an International Anti-Corruption Court” Dædalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 147 (3) Julio 2018).
El juez Wolf considera que la CIAC es el mecanismo idóneo para llevar a los cleptócratas (funcionarios corruptos) ante la justicia internacional y evitar su impunidad. Estima que la corrupción a gran escala entendida como el abuso del poder para beneficio privado, es un mal endémico que se ha propagado por todo el mundo. En los países en desarrollo 10 veces más se pierde en la corrupción que lo que reciben en ayuda internacional.
“Debe haber un foro en el que la evidencia de la corrupción de líderes nacionales pueda presentarse de manera honesta y efectiva a un tribunal imparcial capaz de imponer sanciones”, señala Wolf, graduado en Yale y Harvard Law, da un seminario en la Kennedy School of Government de Harvard sobre combate internacional a la corrupción.
En congruencia con el antecedente de haber hospedado la Conferencia de Mérida que dio origen a la CNUCC en el 2003, México podría encabezar junto con otro grupo de países, una iniciativa para crear la Corte Internacional Anti-Corrupción y anunciar este propósito el próximo 9 de diciembre, proclamado por Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, una semana después de que el hoy presidente electo haya tomado posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, una buena señal de que la cruzada contra la corrupción va en serio tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.
Cónsul de México en Boston
