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Termina la Presidencia de Enrique Peña y con ella, uno de los episodios más penosos contra el ejercicio periodístico.
Se apaga la luz de Los Pinos para EPN. Se ilumina la cabina de transmisión para Aristegui.
La consecuencia de hacer público el reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto no fue la renuncia de funcionario alguno. Carmen y su equipo de investigaciones especiales fueron expulsados.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió por unanimidad que la terminación del contrato de MVS con Aristegui, en marzo de 2015, es ilegal. Así lo dio a conocer el abogado Xavier Cortina.
Es un caso histórico, pues si no tuvo sustento jurídico y el programa era un éxito no había razones para dar por concluido lo acordado.
¿Cómo se interpreta entonces ese golpe, si no es como una acción de censura? ¿Un asunto de presión, porque su labor incomodó al poder? ¿Un ataque a la libertad de expresión?
La propia periodista recordó que ha permanecido fuera de la radio mexicana prácticamente la mitad del sexenio. Su salida de MVS significó también la renuncia de los empresarios del país a integrarla a sus espacios. A pesar de los beneficios que les generaría en audiencia, recursos y prestigio.
Si el contrato está vigente, Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de Carmen, si así lo desean, deberían ser reinstalados bajo las mismas condiciones previas a que los echaran.
El convenio fue interrumpido el 13 de marzo de 2015. Se vencía el 31 de diciembre de ese año. Es decir, le faltaban casi diez meses.
Es el tiempo aire que se tendría que reponer. La indemnización es una alternativa que podría aceptar Carmen. Pero, ¿el dinero repara? ¿Es suficiente? ¿Eso resarciría el daño causado?
Aunque tienen todo el derecho a ello, existen otros derechos vulnerados. Como el de las audiencias, reconocido en la reforma de telecomunicaciones.
El alcance de la difusión de una idea u opinión es un valor que debe tutelarse. Su restricción acota el intercambio de información necesario en democracia.
La empresa declaró que esperaría a la resolución de tribunales. Ya lo hicieron. Se manifestaron sobre el amparo directo. No hay impugnación posible. Es cosa juzgada, a partir de ayer.
Toca el turno al concesionario dar un paso hacia el respeto a la ley.
Es el momento para que Joaquín Vargas le dé vuelta a la página de una estrecha relación con el gobierno peñista. Ellos ya se van. Los Vargas se quedan. Ojalá lo hagan bien. Sin compromisos transexenales.
RAZONES Y PASIONES: En otro proceso paralelo, Joaquín Vargas demandó a Aristegui por daño moral. Por lo escrito en el prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto.
El mismo tribunal colegiado, horas después, indicó que Carmen no demostró el resultado de sus juicios. No tiene que pagar, pero ordenó la reimpresión del texto.
Sus representantes legales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.
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