La Ciudad de México ha presumido de contar con estrictos reglamentos de construcción, que se actualizan de manera frecuente debido a los riesgos sísmicos de la zona geográfica en la que está asentada, pero hechos recientes ponen en duda la efectividad de las normas y hacen suponer que alguien o algunos no están cumpliendo lo que estipula la ley o que incurren en actos de corrupción.
Ayer se desplomaron 700 metros cuadrados de un centro comercial ubicado en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la capital del país. Hace apenas cuatro meses fue inaugurado. Incluso sus locales aún no estaban ocupados al 100%. No hubo ningún tipo de víctima que lamentar, pero el hecho enciende varias alertas, que no son nuevas y que cuestionan nuevamente el control y vigilancia que la autoridad debería tener sobre las construcciones en la capital del país. La sombra de la negligencia está presente otra vez.
En el sismo del pasado 19 de septiembre, varios casos atrajeron la atención de la opinión pública por presentar signos de una muy probable corrupción de alguna autoridad. En el Colegio Rébsamen, por ejemplo, obras para sumar pisos al plantel fueron determinantes en el derrumbe y pérdida de vidas de menores. El edificio ubicado en Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales, tenía poco tiempo de haber sido entregado a sus propietarios y la empresa constructora aseguraba que había utilizado materiales de la más alta resistencia y ofrecía plena seguridad ante temblores.
Algo muy parecido se dijo durante la inauguración del centro comercial que se derrumbó este jueves parcialmente. El entonces jefe de gobierno expresó que la conclusión de la obra se había dado apegada a la normatividad y había implicado “procesos rigurosos en materia de construcción”.
En la edificación de la plaza el gobierno central debió otorgar certificado de uso de suelo y manifestaciones de impacto urbano y ambiental. A la delegación Álvaro Obregón correspondió entregar la constancia de seguridad estructural. No puede culparse de manera inmediata a alguna dependencia, pero es evidente que se trata de un caso de negligencia, por acción u omisión, como manifestó ayer el gobierno local.
La acción obligada es la realización de una investigación en la que tanto constructores como las autoridades capitalina y delegacional expongan sus argumentos ante la justicia.
Esta vez no hubo víctimas, porque la parte colapsada comenzó a crujir antes de su desplome, sin embargo está comprobado que la negligencia puede matar y más si va acompañada de corrupción. Urge erradicarlas.