Una de las tantas batallas que libra México desde hace varios años es la lucha contra la inseguridad, aunque con resultados nada halagadores. En este frente las cifras indican que el adversario se está imponiendo a la tranquilidad que debería prevalecer en el país.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los primeros nueve meses de 2017 se registraron 18 mil 505 carpetas de investigaciones por homicidios dolosos, lo que significa 23% más que en el mismo periodo de 2016.
Ayer, otra fuente dio más detalles de la situación. La organización Semáforo Delictivo señaló que van 13 mil 513 ejecuciones del crimen organizado, 53% más que en 2016, con lo cual este año es, hasta ahora, el peor en inseguridad en la historia reciente.
En la capital del país, la situación también ha sufrido deterioro. El Observatorio de la Ciudad de México reporta que se vive el índice más alto de homicidios dolosos de los últimos 20 años, al registrarse 376 de mayo a agosto. Aunque la cifra es baja en comparación con la que se presenta en otras partes del país, el aumento en este rubro en la ciudad es de 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Detrás de todo lo anterior, hay una situación más complicada en la que confluyen varias realidades que en mayor o menor medida contribuyen a que se registren los elevados índices de inseguridad. Entre ellas está el aumento en el consumo de sustancias adictivas y una menor edad de los primeros consumidores.
La sistematización de los datos sobre delitos se ha perfeccionado, pero de manera contradictoria este 2017 la Plataforma México sufrió un recorte presupuestal de dos terceras partes. Dicho mecanismo cuenta con 100 bases de datos, 600 millones de registros y 60 sistemas de información, lo que lo convierte en un aliado clave contra los grupos criminales. Peor destino tuvo el Programa Nacional para la Prevención del Delito; este año no se destinaron recursos para su operación. En este mismo espacio se había advertido: “Que nadie se diga sorprendido si en 2017 la situación de inseguridad se vuelve insostenible”.
La inacabada profesionalización policial es otra realidad que no se puede ocultar. Las evaluaciones y el control sobre las corporaciones de seguridad no avanzan al mismo ritmo en los estados.
Más grave es la colusión entre autoridades y la delincuencia, baste únicamente el ejemplo de Nayarit; el ex fiscal se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado por haber introducido cargamentos de droga. La ilegalidad comienza con los actos ocultos de la autoridad.