Ante una tragedia, el sentimiento de solidaridad aflora casi de manera natural. Ayudar al vecino, al familiar, al compatriota que vio derrumbarse su patrimonio, es una acción casi automática. Entre naciones, la reacción es prácticamente la misma: países que acuden al auxilio de aquellos que han sido blanco de un desastre.
Luego del sismo que se registró la noche del jueves 7 de septiembre, oficinas públicas y privadas instalaron centros de acopio para recibir la ayuda de la sociedad. La respuesta ha sido la esperada: miles de ciudadanos que van a donar ropa y víveres. Hay miles de familias que en este momento sus únicas pertenencias son lo que traen puesto.
Es cierto que la primera ayuda corresponde al Estado por ser la instancia con capacidad para coordinar esfuerzos, auxiliar a los afectados y para disponer de recursos públicos. Sin embargo, ante la magnitud de los daños, la respuesta nunca podrá ser a la velocidad que reclaman los afectados. Se necesita la solidaridad de todos los sectores nacionales.
El lunes, el Ejecutivo federal lanzó un llamado específico a las constructoras para que muestren su solidaridad y colaboren en tareas de reconstrucción.
Si hay empresas que se han beneficiado de contratos con el gobierno federal esas han sido las constructoras. La semana pasada EL UNIVERSAL informó que en menos de una década Grupo Aldesa obtuvo contratos por más de 24 mil millones de pesos; 61% de esa bolsa la obtuvo en la presente administración. Actualmente, de las ventas totales de la compañía española, México contribuye con 56%, con lo que se convierte en el país donde tiene su mayor facturación. Y como Aldesa, hay grandes compañías –del mismo rubro o distinto– que también tienen al gobierno federal como su principal cliente.
Para este jueves, está prevista una reunión entre gobierno federal y empresas nacionales para definir la forma en la que se sumarán a labores de reconstrucción.
En estas horas, cuando la situación en municipios de Oaxaca y Chiapas se está volviendo una crisis humanitaria, el apoyo de los grandes consorcios será clave para una pronta mejoría de la situación de comunidades damnificadas. Al Estado corresponderá la coordinación y definición de prioridades; la presencia permanente de funcionarios de alto nivel en la zona afectada es indispensable.