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Robos, secuestros, extorsiones, cobro por derecho de piso, asesinatos... son palabras que llevan más de una década apareciendo de manera cotidiana en la vida diaria de muchas comunidades mexicanas. Pocos son quienes no han tenido una experiencia de inseguridad, aunque sea de manera indirecta. La violencia golpea en todos los niveles y sectores. Ni los religiosos escapan a ello.
EL UNIVERSAL publica hoy que de 1990 a 2017 se han registrado 69 homicidios contra miembros de la Iglesia católica, entre los que se encuentra un cardenal y 47 sacerdotes; sin embargo, prácticamente la tercera parte de los casos se dio en los últimos seis años, entre 2012 y 2018, con 21 párrocos asesinados, dos secuestrados y dos más que continúan desaparecidos, a lo que se agrega el atentado a un cura en la Catedral Metropolitana y la detonación de un artefacto explosivo en instalaciones de la Comisión del Episcopado Mexicano.
Sin contar con cifras detalladas, las iglesias evangélicas también reportan casos de inseguridad, especialmente en los estados de Chihuahua y Coahuila. En Ciudad Juaréz, por ejemplo, integrantes del crimen organizado pedían a un pastor 10 mil pesos mensuales para poder operar. O en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde personas encapuchadas ingresaron al templo evangélico para llevarse al pastor a quien tuvieron retenido durante tres días. Además de casos en los que han asaltado templos con la feligresía en su interior. Otros delitos han sido reportados también en Guerrero, Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
Debido a que son escasos los casos de crímenes resueltos, no hay elementos suficientes para determinar las causas de la violencia contra religiosos, aunque al menos pueden suponerse dos: En primer lugar, cuando en una comunidad no hay distinción entre grupos delictivos y la autoridad formalmente establecida, sacerdotes, pastores y líderes religiosos se vuelven, entonces, figuras que representan un contrapeso de poder por su influencia en la población. En segundo término, en algunas regiones los ataques obedecerían a la intolerancia hacia grupos religiosos mayoritarios.
No se trata de que unos sectores de la población reciban atención privilegiada en materia de seguridad, pero líderes y templos religiosos tendrían que ser objeto de mayor vigilancia. De igual manera, los asesinatos cometidos contra párrocos o pastores tampoco deben volverse una estadística más; la resolución de cada caso se torna relevante para poder responder a la pregunta: ¿por qué la violencia contra religiosos?