La impartición de justicia es considerada uno de los grandes pendientes del país, percepción que parece tener sin cuidado al Poder Legislativo, pues ante la situación actual de falta de titulares en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no hay acuerdos para nombrar a los aspirantes a encabezarlas.
Como señala la información que publica hoy EL UNIVERSAL, todo apunta a que el año terminará con al menos cuatro instancias acéfalas, que son claves para la vida pública: las fiscalías citadas, la anticorrupción y la Auditoría Superior.
Las bancadas en el Congreso se escudan en el argumento de que buscan que los seleccionados lleguen “con consenso y no con mayoría”. No hay duda de que es una condición necesaria, pues quienes ocupen esos cargos requerirán el apoyo generalizado de los partidos para actuar con la autonomía que demandan esas posiciones. El problema, sin embargo, surge cuando lo que parece dominar es la agenda electoral y no el genuino interés de arropar de la mejor manera posible a los que resulten designados.
Al igual que en la elección de auditor superior de la Federación, tampoco hay coincidencias para la designación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en el combate a la corrupción. México requiere acuerdos para que las instituciones realicen sus funciones de manera completa, adecuada y se privilegien por encima de las diferencias que puedan existir en un proceso electoral.
El país ha avanzado en la construcción de organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con la puesta en marcha de leyes como la de transparencia, pero ha quedado corto en temas como el combate a la corrupción. El esquema previsto para el Sistema Nacional Anticorrupción al día de hoy se encuentro cojo por estar incompletas las designaciones que debe acordar el Poder Legislativo.
La parálisis deliberada o por omisión en que incurren los legisladores tuvo como consecuencia que hace unas semanas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaran a ambas Cámaras expedir la ley reglamentaria sobre el gasto oficial en comunicación social, tras 10 años de permanecer en el olvido.