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Desde inicios de siglo, a raíz de la alternancia en el poder, muchos de los gobiernos estatales se convirtieron en pequeños feudos en los cuales la única voz válida era la del mandatario en turno. Con dificultades, las instituciones creadas a nivel federal se fueron replicando a nivel estatal, por ejemplo, las comisiones estatales de derechos humanos o los institutos que garantizan el acceso a la información pública.
A la par de lo anterior, las deudas contraídas por los estados, generalmente con la banca comercial, fueron incrementándose de manera desproporcional y con frecuencia sin que quedara registro del uso correcto de los préstamos adquiridos. La magnitud del problema obligó a la creación de una Ley de Disciplina Financiera para evitar que los niveles de créditos pusieran en riesgo la estabilidad económica de las entidades o incluso del país.
Sin embargo, hay entidades en las que aún se presentan altos niveles de endeudamiento. EL UNIVERSAL detalla hoy la situación en los ocho estados que renovarán sus gubernaturas el 1 de julio. De ellos, Morelos tuvo un aumento de 445% en el nivel de deuda si se compara con el que prevalecía al iniciar la actual administración; le sigue Chiapas con un incremento de 57%, Jalisco con 17% y Tabasco con 8.3%. Por el contrario, se registró un descenso en el monto de las deudas en Guanajuato, Puebla y Yucatán; en Veracruz se mantiene el mismo monto, pero se reestructuró el monto dejado por Javier Duarte para que la tasa de interés sea menor y el plazo para pagar, mayor.
Ningún crédito debe ser nunca descalificado a priori, pues es una buena herramienta para financiar proyectos individuales o empresariales, pero si se trata de gobiernos estatales se requiere una explicación ampliamente detallada para conocer por qué se contrata la deuda y de qué manera se va a utilizar. Si no hay explicación de este tipo lo ideal sería que grupos civiles e instituciones autónomas presionaran a sus gobiernos una rendición de cuentas claras.
Lo cierto es que son pocos los estados donde las organizaciones civiles vigilan e influyen en el comportamiento de la autoridad, a lo cual llega a sumarse el sometimiento de los poderes legislativo y judicial. La realidad es que no hay contrapesos reales ni efectivos.
Mientras la sociedad no ejerza su derecho a conocer el manejo de los recursos, los gobiernos seguirán incurriendo en excesos. La primera señal de alerta debe provenir de voces locales.