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Los jóvenes, en naciones desarrolladas, son un preciado sector social al que se procura dotar de todo lo necesario para su desarrollo profesional y humano, pues constituyen un bono demográfico inigualable para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de sus países.
En México, sin embargo, la población joven pareciera no existir. En la esfera de los tres niveles de gobierno escasean políticas públicas para ya no digamos desarrollar y aprovechar las enormes potencialidades de nuestra juventud y lograr que tengan un ejercicio efectivo de todos sus derechos humanos, sino para, aunque sea, dotarlos de lo más básico y lo que al final se refleja en los niveles de despegue de una nación: educación y trabajo.
Y como consecuencia del árido panorama de oportunidades que vislumbran los jóvenes, en el contexto de creciente violencia y empoderamiento del crimen organizado, nuestros jóvenes, voluntariamente o no, acaban formando parte de las filas de las organizaciones criminales y ello en la mayoría de los casos es un pase directo a la cárcel o peor, a la muerte.
No extraña por ello que los homicidios contra jóvenes en el territorio nacional se hayan disparado en los últimos diez años. De 2007 a 2016 fueron asesinados 45 mil 339 jóvenes de entre 15 y 24 años, de acuerdo con los datos de Inegi. Este aumento es dramático. En 2007, el primer año de la llamada guerra contra el narco, se reportaron mil 732 asesinatos. La tasa nacional era de apenas nueve homicidios por cada 100 mil jóvenes. Las cifras de 2016 fueron cinco veces más altas: un total de cinco mil 155 asesinatos. Y una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil jóvenes. Cada año, en promedio, el asesinato de cuatro mil 300 jóvenes.
Un panorama de pavor tal cantidad de vidas jóvenes truncadas que en definitiva se deben a la capacidad de los criminales para atraerlos a sus filas, pero dicha capacidad solo fue posible porque el gobierno olvidó crear verdaderas políticas de prevención y diagnóstico ante la combinación tan explosiva entre pobreza, violencia y ausencia de oportunidades.
Lo más grave es que, desde el punto de vista de especialistas consultados por esta casa editorial, pareciera que el Estado prefiere asumir que todos los jóvenes son delincuentes. Han presentado una estrategia de control social que busca presentarlos como un enemigo público al que hay que temerle para que, si existe una violación a sus derechos, la sociedad no reaccione. El Estado ha criminalizado a esta población, y no es exagerado decir que asesinar hoy a un joven en México es visto, casi, como algo “normal” y cotidiano.
Es inadmisible tal indolencia del gobierno, pero asimismo de la sociedad. Exijamos todos un alto a tanta violencia y muerte. Los jóvenes son el presente, no los abandonemos.
