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Este año electoral la atención más amplia se ha dado a la carrera presidencial, con lo que los procesos locales han quedado relegados a un segundo plano, aun cuando en ellos suceden eventos que ponen en riesgo la viabilidad democrática de nuestro país. El crimen organizado incide como nunca antes en el proceso electoral, lo que lo ha convertido en el más violento de la historia nacional.
Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado hace unos días a la vista de varias personas luego de debatir con sus contrincantes en la Universidad de Coahuila. Las imágenes del hecho muestran a un asesino que no se intimidó por las cámaras de video que le grabaron, ni por la presencia de diferentes grupos de personas que estaban cerca del candidato; actuó impunemente con múltiples testigos.
En el fondo, está claro que el crimen organizado ha buscado imponer su ley durante el proceso electoral en curso: no le frenan las consecuencias legales de sus actos porque está en condiciones de confrontar a las instituciones gubernamentales, ya sea por la vía de las armas o por medio de la captura de sus representantes. Estamos hablando de una profunda descomposición sociocultural como nota característica de la competencia electoral de nuestros tiempos.
Ante este fenómeno, a todos debe quedar claro que el Estado mexicano vive estos días un desafío contundente lanzado por el crimen organizado. Esto es, no contentos con haberse apropiado de amplios territorios de la geografía nacional, los criminales ahora buscan preservar sus ilícitos negocios por medio del control de las estructuras públicas, de la imposición a cualquier precio de sus candidatos afines.
Las bandas delincuenciales quieren apropiarse de lo que es de todos de la única manera en que saben hacerlo: la violencia, la intimidación o la muerte de quienes estorban a sus intereses. No solo han muerto ya 112 candidatos a puestos de elección, sino que cientos más han renunciado a sus candidaturas por presiones del crimen organizado. Es una situación dramática para una frágil democracia que necesita ser fortalecida.
Hoy en México el crimen organizado mata individuos, deshace familias, corrompe instituciones y amenaza al Estado. Por ello, no solo es importante hacer visible la tragedia que viven muchas regiones del país, en las que los delincuentes son quienes gobiernan, sino advertir que la captura de las instituciones está en proceso desde hace tiempo. Más vale que los involucrados, las autoridades responsables de ello, en conjunto con gobiernos, empresarios y la sociedad civil, asuman cuanto antes la conciencia de esta circunstancia y actúen en consecuencia de forma organizada. Después será demasiado tarde.