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La vivienda, de acuerdo con la Constitución, es un derecho para todo trabajador pero —como muchos otros puntos en la Carta Magna— no se cumple de manera plena. En el artículo 123 se menciona: “Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta […] Además se establecerá un sistema de financiamiento para otorgar crédito barato y suficiente a trabajadores, y adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas”. Sin embargo, hay millones de familias mexicanas que destinan casi la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler de una casa.
Con el fin de hacer valer el derecho a la vivienda, en 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), organismo integrado por gobierno, patrones y trabajadores para otorgar créditos en la adquisición de inmuebles. Por muchos años el Infonavit intervino directamente en la construcción, después esa tarea se dejó en manos privadas.
La situación financiera era más que solvente, la entrega de créditos y de viviendas establecía récords todos los años (690 mil en 2015). Millones de trabajadores tenían acceso a una casa, hasta que algo se torció en el camino.
En primer lugar, el auge de construcción llevó a desarrolladores a adquirir grandes extensiones de tierra a un precio barato en zonas bastante alejadas de los centros laborales y educativos. Muchos de los que compraban la vivienda terminaban arrepentidos porque significaba invertir hasta cinco horas diarias en el traslado a sus trabajos o escuelas.
La violencia en amplias regiones llevó a muchas familias a abandonar propiedades y migrar a zonas más seguras.
Más recientemente, como ha informado EL UNIVERSAL desde finales del año pasado, se realizó un megafraude que afectó a miles de derechohabientes del Instituto en al menos ocho entidades. En colusión, notarios, magistrados y jueces despojaron de 40 mil casas a quienes presuntamente se habían retrasado en sus pagos.
Otra situación grave es la de miles de personas que ven sus créditos aumentar en lugar de disminuir. Este diario presenta hoy historias en ese sentido. Isabel Noyola, por ejemplo, recibió en 2006 un crédito de 273 mil pesos; después de 12 años de haber realizado pagos, actualmente debe 291 mil pesos.
¿Qué proporción de los excelentes estados financieros del Infonavit estaban basados en literales prácticas de usura? El desdén a la situación económica del trabajador parecía la línea. El gobierno anunció recientemente medidas en favor de aquellos que se ubican en esa situación. Tarde, pero llega una política que alivia. Es de esperarse que sea el inicio de un programa más amplio para hacer realidad el derecho a la vivienda.
