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El jueves Venezuela amaneció con dos presidentes y el mundo dividido en torno a esa situación. Un grupo de al menos 12 países americanos, encabezados por Estados Unidos, dio su respaldo total a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela. Otro grupo, conformado por Bolivia, Nicaragua, Irán y Turquía, con Rusia al frente, expresó su reconocimiento pleno a Nicolás Maduro, cuestionado mandatario que hace unos días inició un nuevo periodo presidencial. Sin reconocer de manera plena a Guaidó, la Unión Europea dio su apoyo a la Asamblea Nacional.
¿En este escenario dónde queda México? El gobierno federal ha fijado como política exterior la postura establecida en la Constitución de no intervenir en los asuntos internos de otros países y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Un principio basado en la Doctrina Estrada, formulada hace casi 90 años por Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores en 1930. México queda, entonces, del lado del gobierno de Maduro.
A casi un siglo de distancia, sería pertinente debatir las implicaciones de ese planteamiento. En estas páginas Enrique Berruga ha señalado el riesgo de un aislamiento. En el futuro, ante alguna petición de respaldo, el gobierno mexicano podría darse cuenta de que carece de aliados, por aferrarse a mantener una posición aparentemente neutral.
La principal crítica que hacen partidos políticos y expertos no es a la adopción de la Doctrina Estrada, sino a que no hay matices respecto a la relación con Venezuela, con lo cual el mundo entero lo percibe como un respaldo sin restricción a un presidente considerado dictador. Muchos recuerdan que incluso en los tiempos de esplendor de la Doctrina Estrada, México condenó dictaduras como la de Francisco Franco en España o la de Augusto Pinochet en Chile.
El régimen de Maduro no está muy alejado de los regímenes totalitarios del siglo pasado. Aunque en Venezuela se realizan comicios, los procesos electorales nunca han estado libres de la sombra de la duda. Las libertades han venido a menos, lo cual se ha sumado a una crítica situación económica que ha llevado a la nación sudamericana a niveles récord de inflación. La demanda mínima a la postura mexicana es que alce la voz en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Ayer Nicolás Maduro aceptó la intermediación de México y Uruguay para comenzar un “diálogo nacional”. Nuestro país está ahora involucrado en la búsqueda de solución a un conflicto externo. Si la intención era mantenerse al margen, ya no será así. Es probable que decida actuar como mediador, pero antes tendría que eliminar la imagen de un gobierno cercano e incluso simpatizante del desprestigiado régimen venezolano.
