Universidades en riesgo

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Son casi tres meses que la “casa abierta al tiempo” tiene cerradas sus puertas. La Universidad Autónoma Metropolitana cumple 82 días de huelga, el paro más largo de su corta historia iniciada hace 45 años, en 1974.

El escenario de estrechez económica, que argumentan autoridades de esa casa de estudios para no cumplir las demandas de trabajadores, no está lejano de la situación que viven distintas universidades públicas. En estas páginas se ha informado de las carencias en varios planteles para cumplir sus compromisos salariales con profesores, investigadores y empleados administrativos. Y es que poco pueden hacer las universidades si dedican al pago de nómina, becas y estímulos hasta 80% del presupuesto que reciben.

De parte de los gobiernos estatales y federal hace falta mayor sensibilidad para consolidar las universidades públicas. De no haber sido por la presión que ejercieron al menos una veintena de rectores, el Presupuesto de Egresos de 2019 habría incluido un recorte de unos 4 mil millones de pesos a sus recursos.

De parte de las universidades se requiere encontrar fórmulas para generar ingresos propios con el fin de aliviar carencias. Fomentar la innovación y la creatividad de alumnos, así como cooperar con la iniciativa privada son vetas que tendrían que explorarse.

El trabajador tiene derecho a exigir una mayor remuneración, con más razón si el rezago salarial se ha acumulado con los años, pero a casi tres meses de parálisis es tiempo de pensar en los daños que se generan. Son 58 mil alumnos que perdieron el trimestre y casi 10 mil trabajadores (académicos y administrativos) en paro, la mitad de los cuales no ha podido cobrar sus salarios en seis quincenas. Las afectaciones económicas se estiman en 30 millones de pesos por las pérdidas de material y de reactivos en investigaciones. Tomará hasta 18 meses que la universidad retome sus actividades normales.

Entre los proyectos del gobierno federal se encuentra la creación de 100 universidades públicas en el país “con carreras acordes a cada región para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes”. ¿Cuál sería la pertinencia de ese proyecto si en el país hay universidades en emergencia financiera?

El conflicto en la UAM debe servir para recordar las necesidades apremiantes de la universidad pública y la obligación de la autoridad para otorgar recursos suficientes en la medida de lo posible. Representará invertir en los jóvenes y por lo tanto en el desarrollo y el futuro del país.