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Todos los estados del país ofrecen la opción de realizar estudios superiores en al menos una universidad pública. Gracias a esto los jóvenes cuentan con un campus cercano para continuar su formación, lo que genera un círculo virtuoso, pues las entidades aumentan su población con preparación universitaria, y redunda en desarrollo local ya que estos profesionistas permanecen en sus entidades de origen, beneficiando con los conocimientos adquiridos a las poblaciones de los lugares circundantes al sitio donde radican.
Hasta buena parte del siglo XX, esto no era posible por la centralización de la oferta educativa, exigiendo que jóvenes de todo México tuvieran que trasladarse a la capital del país si su intención era continuar en la especialización de sus estudios.
Hoy ese esquema de oportunidad podría desaparecer debido a la grave situación financiera por la que pasan nueve universidades públicas y que las coloca al borde de la desaparición. De concretarse su cierre, se obligaría a una vasta cantidad de estudiantes a buscar otras opciones en entidades vecinas, saturando las de ya de por sí muy demandadas instituciones públicas de educación superior, y exigiendo de paso la inversión de recursos familiares para sufragar los gastos generados por traslados a mayores distancias o por estancias en las inmediaciones de los campus. Eso sin contar con el fuerte impacto en las economías estatales debido a la cancelación de las fuentes de trabajo relacionadas.
Instituciones tan prestigiadas como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o las universidades autónomas de los estados de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas corren grave riesgo de verse obligadas a cesar sus funciones tras conocerse que enfrentan severos problemas financieros que las ponen al borde de la desaparición, consecuencia de una serie de factores coyunturales entre los que destaca un recorte presupuestal por concepto de cancelación de subsidios e inyección de recursos federales que se sostuvo hasta el año pasado, condicionado en todos los casos al compromiso de cada universidad para eficientar su gasto, cosa que no todas pudieron cumplir.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el gobierno federal tiene que ayudar con presupuesto a las universidades, pero planteó la necesidad de que alumnos, maestros y la comunidad universitaria apliquen una política de transparencia y honestidad para que no haya mal uso de los recursos. Es momento de vigilar aún con más detalle que el gasto que haga cada institución se haga de manera planificada y racional.
