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El crecimiento inmobiliario en la Ciudad de México en los últimos 15 años ha sido relevante por varios motivos, de los que destacan dos. En principio, se incrementó la inversión privada en la capital de forma significativa, lo cual derivó en derrama económica y empleo para miles de trabajadores del ramo. Esto representó beneficios directos e indirectos para los habitantes de la Ciudad.
Sin embargo, este crecimiento también provocó descontrol en los trámites necesarios para realizar una construcción y, como está documentado, se propició la corrupción de autoridades relacionadas con ello, así como de privados. Por si fuera poco, debido al crecimiento desmedido, vecinos de ciertas zonas de la capital resultaron afectados por la saturación de servicios públicos ante la creciente demanda.
En este contexto, al asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en diciembre pasado, Claudia Sheinbaum decidió cancelar los permisos de construcción hasta no tener un diagnóstico de la situación inmobiliaria en la capital. Mientras tanto, el sector sufrió un estancamiento, así como la inversión privada y los trámites gubernamentales relacionados con ello.
Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en su administración se desarrollarán corredores inmobiliarios con el objetivo de fomentar la vivienda social y sustentable. Bajo la consigna de que su gobierno no permitirá el abuso inmobiliario, en la capital se implementará una política que, a su decir, considerará los impactos urbanos de los nuevos desarrollos.
Lo anunciado por Sheinbaum es positivo para la capital del país, ya que esta política permitirá la reactivación de un sector fundamental de la economía local, que tiene impacto también en el entorno nacional. Además, la decisión hará posible el otorgamiento de vivienda social a familias que tienen esta necesidad.
A través de esta política, será posible también dar empleos directos e indirectos a un sector de la población que lo requiere, no siempre habitantes de la capital; habrá derrama económica en torno a donde se asienten estos nuevos desarrollos, puesto que es sabido que los trabajadores de la construcción y detallistas demandan una serie de servicios y productos durante el tiempo que permanecen laborando en algún proyecto en particular.
Las autoridades de la Ciudad de México tienen frente a sí tres retos fundamentales: el cumplimiento de la normatividad, de modo que no haya excepciones ante violaciones de uso de suelo, entre otros problemas; el combate a la corrupción de funcionarios y privados que pudieran involucrarse en ello, así como el cuidado del impacto ambiental de los nuevos desarrollos. Bajo esta óptica, es posible reencaminar al sector para beneficio de los capitalinos.
