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La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, refleja la forma en que la barbarie llegó y se quedó permanentemente en distintas regiones del país. De forma particular, el de Ayotzinapa es un episodio ampliamente investigado, polémico y doloroso, que no termina de superarse por parte de los principales agraviados. No es para menos.
Este proceso de descomposición vivido en México, del cual Ayotzinapa forma parte, responde a los vacíos de poder dejados por las autoridades de todos los niveles y se gestó en las repetidas violaciones al Estado de derecho permitido por los responsables de hacer cumplir la ley. La complicidad de distintos gobiernos permitió al crimen organizado echar raíces en la vida cotidiana de las sociedades hasta que la violencia y las atrocidades que cometen se convirtieron en una especie de nuevo contrato social.
¿Cómo fue posible que un grupo de 43 estudiantes normalistas desapareciera sin que las investigaciones oficiales dieran una respuesta contundente al respecto? La respuesta estriba en la debilidad del sistema de impartición de justicia, que ha sido clave para mantener la opacidad en este y muchos otros casos trágicos que se han registrado en el país.
Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en Palacio Nacional la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que tiene como fin saber qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos hace más de cuatro años. Se trata de un compromiso que López Obrador planteó durante la campaña presidencial y que ahora se cristaliza como una de sus primeras acciones de gobierno.
Debe reconocerse a López Obrador que retomar un caso tan complejo como parte del inicio de sus actividades al frente del Ejecutivo demuestra sensibilidad hacia el sentir ciudadano. Es necesario que se esclarezca un asunto cuya investigación oficial y las conclusiones obtenidas dejaron dudas para gran parte de la ciudadanía.
En efecto, si el caso Ayotzinapa es reflejo de la barbarie cotidiana de nuestro país, resolver a fondo lo sucedido debe ser, del mismo modo, una muestra de que las tragedias no pueden seguir ocurriendo sin que se conozca a detalle la verdad de los hechos. No se puede normalizar al crimen, como hasta ahora sucede. Estamos frente a una gran oportunidad para el gobierno federal de demostrar que el respeto a los derechos humanos es una prioridad para las instituciones del Estado.
Una de las prioridades del nuevo gobierno es la pacificación del país. Para cumplir este objetivo es necesario desterrar la barbarie y que la justicia funcione de acuerdo a lo que se espera de las instituciones que la imparten. El reto es grande, pero hoy es posible enfrentarlo.
