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Una de las herramientas que puede ser más efectiva para combatir la corrupción es la tecnología, y ahora que se encuentra literalmente al alcance de la mano sumarla a trámites oficiales debería ser la consigna de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para evitar malos manejos en oficinas gubernamentales.
En México, hay entidades que dan impulso al llamado gobierno electrónico, pero otras van quedando rezagadas.
El gobierno de la Ciudad de México anunció ayer que dos de los trámites más comunes que realizan los más de cinco millones de usuarios de vehículos se podrán efectuar vía internet a partir de la próxima semana.
Con la posibilidad de renovar digitalmente la licencia de conducir y el refrendo de la tarjeta de circulación deben quedar atrás el soborno en el que a menudo incurren ciudadanos para agilizar trámites y las horas perdidas, que pueden llegar a ser hasta un día completo. Autoridades capitalinas reconocen que gestores —a menudo coludidos con funcionarios— cobran entre 200 y 600 pesos para agilizar trámites, cuando al ciudadano le hacía falta algún sello en alguno de los múltiples documentos requeridos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 de Inegi, en 57.1% de los pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos en el país, los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos y apenas 2.8% utilizó internet para ese fin; el resto acudió a un cajero automático o a un kiosco inteligente, a un banco o supermercado o realizaron el trámite vía telefónica.
Las cifras del Inegi son una muestra de que no solo se requiere que los gobiernos hagan una “mudanza digital” sino de que sea accesible para que un mayor número de personas realice sus trámites desde la comodidad de un teléfono o de una computadora.
Además, este tipo de medidas no tendrían por qué quedarse solo en pago de derechos o de servicios. No vendrían nada mal en áreas como la procuración de justicia, donde las quejas por la corrupción y el mal servicio son cotidianas, así como en la rendición de cuentas.
En este momento la tecnología es la forma más rápida y económica para que un gobierno sea eficiente y más honesto en su relación con ciudadanos e incluso con las empresas. El capital y los recursos humanos que se destinen a digitalizar procesos no son un despilfarro, sino una inversión.
