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Una de las preguntas que con más frecuencia se hace la sociedad es la relativa al destino de la inmensa riqueza que se llega a incautar a quienes han procedido de manera ilegítima para obtenerlos. Objetos que en muchas de las ocasiones hablan de un lujo exagerado, ostentoso y no pocas veces cargado de mal gusto, pero que sin duda tienen un alto valor por el material con los que están hechos o por el trabajo con el que fueron confeccionados. El catálogo de artículos decomisados van desde los pequeños como joyas, hasta los de tamaño considerable como aeronaves y embarcaciones, sin contar inmuebles y terrenos de diversa extensión.
Lo que no se sabe es que poner a la venta un objeto decomisado a un integrante del crimen organizado requiere hasta diez años de espera, ya que primero debe concluirse la investigación que el Estado realiza a quien fue detenido por un ilícito, sin importar si el inculpado vive o murió al momento de que la justicia procedió a su captura. La acumulación de los casos que procesa la Fiscalía General de la República (FGR) deriva en una obvia lentitud en la ejecución de las investigaciones necesarias para poder cerrar una carpeta, lo que por ende retrasa la entrega de bienes incautados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es el siguiente paso en el mecanismo que se sigue para poder poner a la venta los objetos decomisados y así recaudar dinero que el gobierno federal pueda integrar a su presupuesto para obras, servicios y programas.
Según la información disponible, de parte de lo decomisado durante el sexenio pasado, apenas un 2% ha sido entregado al SAE para su subasta. En este sentido, se reporta que en los últimos cinco años, de más de 82 mil bienes incautados, sólo 1,416 han sido dispuestos para ese fin. Y es que no todos siguen el procedimiento, ya que algunos, como vehículos, son incorporados a realizar labores de servicio público, o bien, son reclamados por los familiares de los inculpados.
Se debe revisar la legislación y los procesos penales en torno al decomiso de bienes, ya que resulta inconcebible que un objeto que se ha decomisado a un delincuente de importancia, de los denominados “peces gordos”, tenga que tardar tanto en ser puesto a la venta para obtener los recursos necesarios para destinarlo a otros usos de mayor beneficio para la sociedad mexicana. Sin duda tales tardanzas son un reflejo de que aún con los avances en el sistema de justicia penal, existen huecos que demuestran que hay aspectos que siguen sin agilizarse en la conclusión de los procesos judiciales contra altos delincuentes. Es un pendiente más a resolver.
