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La compleja problemática de migración que desde hace décadas enfrenta nuestro país, que involucra cuestiones sobre todo económicas y laborales, pero que inevitablemente incluye el temas de los derechos humanos, hoy además se ve agravada por las políticas persecutorias emprendidas desde la Casa Blanca —y ni duda cabe, también por las interminables declaraciones y tuits de Donald Trump sobre el asunto—, que sin exagerar han desatado una caza de migrantes indocumentados en el vecino país desde sus agencias federales, y han creado un caldo de cultivo que propicia y acentúa la xenofobia.
Ahí están como prueba las miles de deportaciones que en meses recientes hemos visto, las cuales, pese a ser las mismas en número, o incluso menos, tienen el agravante de llevarse a cabo sin importar, por ejemplo, que a causa de ello se separen familias enteras e incluso menores —nacidos en EU, en muchos casos— se queden sin sus padres, o también que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realice cateos a domicilios sin las órdenes respectivas. Trump literalmente ha empoderado a las agencias federales contra la comunidad sin papeles y como efecto de ello hoy vemos muchas cosas que antes no sucedían, como abusos de autoridad y engaños.
En este contexto el gobierno mexicano ha emprendido, a través de nuestros consulados en el vecino país, una red de ayuda y asesoramiento legal que, sin embargo, ha sido francamente insuficiente, solo en parte por la magnitud del fenómeno.
Afortunadamente, ante la incapacidad del gobierno, y por el total desamparo de los indocumentados y su desconocimiento de sus derechos, han surgido redes de apoyo que funcionan en diversos estados de EU. Para estas organizaciones civiles, según varios de sus miembros, basta un solo indocumentado, trabajador, sin problemas con las autoridades y buen residente, para que tenga derecho a ser orientado y apoyado para defender sus derechos. “Estamos vigilando muy de cerca que no se violen las garantías fundamentales de nuestra gente; porque en este país, aunque no tengas documentos para trabajar, tienes derechos y debemos protegerlos y hacerlos valer”, afirman.
Algo formidable de estas redes es que tienen entre sus filas a economistas, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, administradores. Pero también a jardineros, contratistas, albañiles, empleadas domésticas, comerciantes... una mezcla de los distintos niveles socioeconómicos trabajando en armonía por bien de sus propias comunidades.
Es obvio que el gobierno mexicano está limitado a la hora de tratar de proteger y apoyar a nuestros connacionales indocumentados, pero, hay que decirlo, estas redes de apoyo son buen ejemplo de lo que se puede hacer, y que de hecho deberían estar haciendo nuestros diplomáticos. Solo falta liderazgo.
