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El Estado mexicano vive desde hace tiempo una emergencia financiera que merece reconocerse de forma urgente con el fin de que no se ponga en riesgo la viabilidad de nuestro país. El déficit actuarial que padece la seguridad social de México es tan grande que, de paso, tiene impacto en el presupuesto federal de cada año y, en este caso particular, en la educación pública de la nación.
Lo anterior significa que en este momento nuestro país no tiene la capacidad económica para cumplir con el pago de pensiones universitarias en el futuro, debido a que las aportaciones de los trabajadores de hoy, proyectadas en el tiempo, serán insuficientes. Es decir, aquellos que en los próximos años tengan el derecho de cobrar su pensión, no podrán hacerlo porque simplemente no habrá dinero para ello.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las 34 universidades públicas estatales que operan en el país tienen un déficit actuarial de casi 1.3 billones de pesos, que es generado por sus sistemas de pensiones y jubilaciones. Este dinero representa la cuarta parte del presupuesto de egresos federal aprobado para 2018, que fue de 5.27 billones de pesos.
El gobierno federal tiene un fondo dedicado a apoyar a las universidades, mismo que resulta insuficiente para terminar con la deuda. Según la ASF, de cada 10 pesos de deuda generada por los sistemas de pensiones y jubilaciones, el fondo tiene 4.1 pesos para hacer frente a dichos pasivos. Además, los controles sobre los recursos no alcanzan a determinar si efectivamente se destinaron para abatir el déficit.
La solución a esto pasa por distintas vías. Primero, es necesario conocer a fondo la situación financiera particular de cada una de las universidades, de modo que se pueda tener un diagnóstico certero de la situación para definir líneas de trabajo. En segundo lugar, debe disminuirse la carga financiera que tienen las instituciones de educación superior, para lo cual es necesario consideren reformas a sus esquemas de pensiones y jubilación.
Existen casos de éxito en los que, a partir de modificaciones a la edad de retiro, se ha logrado controlar la deuda. Además, el incremento de las aportaciones de los trabajadores es otro elemento que puede contribuir al saneamiento de las finanzas. Con todo, la resolución del déficit requiere tomar en cuenta a los involucrados: al gobierno federal, al sistema de seguridad social, a las universidades, sus agremiados y personal sindicalizado.
Solo con la debida atención de las partes podrá solucionarse este fenómeno, que impacta en las finanzas públicas actuales y que puede tener efectos muy nocivos para las generaciones futuras. La urgencia de actuar es clara, no puede perderse más tiempo.
