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Debido a que su capacidad de operación ha sido hace tiempo rebasada, en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesan vastas regiones de nuestro país, la situación de los Semefos en algunos estados de la República es crítica. Esto en sí mismo es grave e indignante, pero trasluce además una serie de carencias y anomalías —más allá de la infraestructura— de estas instituciones, hoy día en el foco de la discusión pública por la cantidad de asesinatos que a diario se cometen en México y por las decenas de miles desaparecidos que se reportan en el actual sexenio.
Para dimensionar el tamaño del drama, tan solo entre enero y agosto de 2018, los forenses de las 10 ciudades más violentas del país recibieron más de 5 mil cuerpos de víctimas de homicidios dolosos y culposos.
Contrario a lo que afirman autoridades a cargo de Semefos, quienes en la mayoría de los casos consultados por esta casa editorial aseveran que estas instancias funcionan con relativa normalidad y no tiene problema con la elaboración de la ficha signalética, ni con la entrega o almacenamiento de cuerpos, colectivos de desaparecidos han documentado lo contrario y señalan puntualmente que estas dependencias trabajan sin leyes claras y sin coordinación. Por estas razones dicen desconfiar de la información que entregan estas instancias.
Y luego de conocerse el caso de los “tráileres de la muerte” en Jalisco los hechos parecieran darle la razón a estos colectivos: no existe una ley que precise los tiempos para enviar un cadáver no reclamado a la fosa común. Ni siquiera la Ley Federal de Salud habla sobre el tema. Hoy esto es inaceptable.
En el manejo de cadáveres no reclamados, tampoco existe autoridad que supervise que éstos son inhumados después de extraerles muestras de ADN, vacío que ha provocado que los estados —en este contexto de contingencia para sus forenses rebasados— se manejen a su antojo y que, a su vez, a los familiares de desaparecidos les sea casi imposible recuperar sus restos.
Con ello, gran paradoja, las instituciones que debieran velar por el buen manejo de cuerpos humanos no identificados ni reclamados, se convierten en un factor más —tal vez sin quererlo— que dificulta justo que los cuerpos a su cargo sean encontrados por sus deudos. Situación absurda e infame por donde se quiera ver y que obedece en parte, ya se dijo, a vacíos legales, pero también, asunto grave, a errores, decisiones y omisiones humanas.
A causa de la emergencia en seguridad que enfrentamos como país, a la que por desgracia no se le ve fin muy pronto, urge homologar, desde las procuradurías, los protocolos de acción y bases de datos de los Servicios Médicos Forenses de todo el país, y que exista entre ellos coordinación y comunicación, pero sobre todo voluntad de apoyar para darles identidad a los miles de muertos que en México vamos acumulando.
