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Aunque no está plenamente en marcha, pues faltan por aprobarse las leyes secundarias y que comience el reclutamiento de miles de aspirantes, la Guardia Nacional comienza a tomar forma. Ayer se conoció el nombre de quien será el comandante de la corporación —un general de Brigada, en proceso de retiro, diplomado del Estado Mayor— y de quienes formarán parte de la Coordinación Operativa Institucional (otro general, un contraalmirante y la comisaria de la Policía Federal).
Organismos de la sociedad civil, analistas y legisladores de oposición cuestionan el enfoque militar que parece envolver al nuevo organismo, a pesar de que la iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado establece que debe tener carácter civil. Los riesgos de mantener una orientación militar en las labores de seguridad han sido profusamente argumentados por especialistas.
El gobierno federal insiste en que la disciplina de los elementos estará basada en el respeto a los derechos humanos y que el uso de la fuerza se reglamentará bajo estándares internacionales. En el mediano plazo los hechos demostrarán quién tuvo la razón, si los organismos sociales o las autoridades.
Mientras se registra ese debate, uno de los acuerdos alcanzados por todas las fuerzas políticas en febrero pasado parece no estar importando, al menos en el discurso: el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad local. Es nulo lo que se ha comentado sobre ese tema.
La militarización de la seguridad pública desafortunadamente no garantiza la pacificación de las regiones que presentan elevados índices de homicidios dolosos, de extorsiones o de secuestros. Fuerzas castrenses han participado desde 2006 en el combate al crimen sin que los índices hayan disminuido, por el contrario, se han incrementado.
La tendencia criminal con la que inició este 2019 hace pronosticar a expertos que el primer trimestre del año será el más violento del que se tenga registro. La violencia no parece distinguir entre gobiernos de izquierda o de derecha. El presidente López Obrador ha tenido que reconocer que le llevará más tiempo bajar la incidencia delictiva.
Mientras la criminalidad no cede, buena parte de las corporaciones policiacas municipales y estatales permanecen con equipo obsoleto y escasos recursos. Este aspecto no debe marginarse, pues se encuentra entre los acuerdos alcanzados hace dos meses en la Cámara Alta. Los estados no tienen por qué ignorar su responsabilidad en la protección de sus ciudadanos. La Federación tiene que ejercer una labor de presión. Es por el bienestar general.
