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La cantidad exacta nadie la conoce pero cálculos que podrían estar más apegados a la realidad estiman que un promedio de 200 secuestros se cometen a diario en nuestro país y que por cada uno de estos eventos que llega a conocimiento de las autoridades, ha habido otros nueve en los que los afectados prefirieron guardar silencio para no poner en riesgo la vida de algún familiar o conocido. A esto se le conoce como la cifra negra.
La Encuesta Nacional de Victimización 2018 del Inegi revela que la percepción de ese delito entre la población ha permeado ya a todos los niveles y estratos de la sociedad, en donde ya nadie se siente inmune al mismo, pues durante el año pasado más de 81 mil personas reportaron haber sabido o sufrido un secuestro en su entorno social inmediato, cifra que excede por mucho las casi mil 400 carpetas de investigación oficial que se abrieron en ese periodo.
Y es que además de los secuestros que sí se llevaron a ejecución, están también esas otras modalidades como el secuestro exprés (en la que la persona es privada de su libertad por algunas horas y luego soltada), el falso secuestro (en que los criminales, al conocer que uno de los miembros de la familia está fuera de casa, engañan a sus parientes haciéndoles creer que lo tienen bajo su poder) o también la sola amenaza de secuestro como modo de extorsión en la que los afectados pagan para impedir que se concrete.
Hasta la década de los 80 los secuestros se perpetraban contra víctimas a las que sus captores estudiaban durante meses y bajo la certeza plena de que podrían obtener un elevado rendimiento económico por su osadía. También por esa época, operaba otro tipo de secuestro que era el político, ejecutado por grupos guerrilleros que al hacerlo cumplían dos objetivos: financiarse económicamente y castigar a un sistema capitalista al que culpaban de la pobreza generalizada en el país, ya que casi siempre elegían como víctimas a empresarios líderes en el sector industrial. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando los secuestradores comenzaron a ampliar su catálogo de objetivos y comenzaron a considerar a comerciantes, profesionistas y a veces a quien simplemente iba pasando por la calle como potenciales víctimas.
Mientras el sistema de justicia no facilite a las víctimas formas expeditas para denunciar, las cifras sobre secuestro y cualquier otro delito nunca podrán ser confiables. Y mientras la ciudadanía siga considerando que presentar una denuncia es una pérdida de tiempo, se pierden también oportunidades para conocer el modus operandi del crimen e implementar estrategias para contenerlo. En eso radica la importancia de denunciar.