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Desde hace años diversas organizaciones internacionales y nacionales han señalado el bajo nivel recaudatorio que tiene México en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos e incluso con otras naciones latinoamericanas. Datos de 2016 refieren que los recursos que llegan a las arcas públicas por cobro de impuestos representan 16.6% del Producto Interno Bruto, mientras en Argentina y Brasil el índice es superior a 30% respecto del PIB, y en Francia, Italia y Austria la proporción rebasa el 40%.
Ha habido sexenios en los que prácticamente cada año se modificaban las condiciones fiscales, hubo también intentos de reforma fiscal por medio de convenciones hacendarias, pero la recaudación no ha avanzado como se esperaba.
¿Y si el problema es la instancia recaudadora? ¿Y si quienes se dedican a esa tarea no la cumplen de manera cabal? EL UNIVERSAL publica información que puede ir en esa ruta.
En el sexenio anterior, 13 de cada 100 empleados del Servicio de Administración Tributaria, órgano recaudador del país, estuvieron involucrados en acciones irregulares. De ellos, 555 funcionarios fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohecho.
El mayor número de los ilícitos se cometieron en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, seguida por la Administración General de Aduanas y el área encargada de Grandes Contribuyentes.
Al SAT se le han dado mayores facultades para indagar y actuar contra operaciones sospechosas de lavado de dinero, con el fin de golpear las finanzas de los grupos criminales, pero el éxito ha sido escaso. Desde el año pasado el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) advirtió de ello al señalar que México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el lavado de dinero, pero la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley daña su capacidad para investigar y castigar este delito.
El hallazgo de presuntos ilícitos cometidos por empleados del SAT se agrava porque representa posibles implicaciones en áreas cruciales para el país. En materia de seguridad, se deja de actuar para congelar cuentas de quienes han cometido ilícito. En materia social, la menor recaudación frena la posibilidad de destinar mayores recursos para resolver las desigualdades sociales.
Organismos como el SAT son clave para la vida del país, por lo que se requiere un estricto control sobre quienes lo integran. No se puede concebir que elementos de esa instancia, pensada para ayudar a fortalecer el erario, sean los primeros en saquear los recursos. Es como tener al enemigo en casa.