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El asalto al transporte público se ha vuelto un desafío para las autoridades, tanto de la capital del país como del Estado de México. Los operativos puestos en marcha en pasadas administraciones han tenido éxito fugaz. Tan pronto se baja la guardia, vuelven a registrarse los ilícitos o mientras hay agentes policiacos desplegados en una zona crítica, los delitos sencillamente se trasladan a otra área, es el llamado “efecto cucaracha”.
En la actual administración la situación no es diferente. Para inhibir los robos, se desplegó un operativo de 140 policías en unidades de ocho rutas de microbuses en Iztapalapa. Los asaltantes actuaron de la forma conocida: cambiaron su objetivo y comenzaron a operar en los autobuses de la RTP (Red de Transportes de Pasajeros). En los últimos 15 días se registraron cinco robos a bordo de estas unidades, las cuales se habían mantenido ajenas al asalto del transporte público. El atraco más reciente ocurrió el lunes con funestas consecuencias: dos pasajeros murieron baleados por asaltantes.
Ahora se anuncia un operativo con 200 policías, que viajarán a bordo de los autobuses en las horas de mayor afluencia. ¿Hacia dónde enfocarán sus fechorías los asaltantes? ¿Qué pasará cuando disminuya la presencia policial?
Uno de los aspectos que todo gobierno debe tomar como objetivo principal en el combate al crimen en general es terminar con el mercado negro de armas. En la mayoría de los robos a transporte salen a relucir las armas de fuego. ¿Dónde las consiguen las bandas delictivas?
Instalar cámaras en las unidades del transporte público, como se da en el Edoméx, ha servido de poco. Las imágenes de los atracos se han vuelto virales en las redes, pero no hay indicios de que las grabaciones hayan sido utilizadas para capturar a delincuentes.
La desesperación ciudadana ha llevado a la aparición de llamados “justicieros anónimos”, que únicamente fomentan la ley de la selva. De manera clara esa no es una ruta para resolver el problema. La solución debe pasar por las manos de la autoridad.
El robo a transporte golpea a quienes menos tienen: aquellos que no poseen un vehículo ni cuentan con los recursos para contratar un servicio de taxi. Adoptar acciones para disminuirlo es primordial.
El gobierno no puede asignar un policía para cada capitalino. Es necesario que los operativos se traduzcan en capturas y procesos judiciales que deriven en sentencias condenatorias contra los responsables. Si esto no ocurre, no podrá hablarse de éxito.
