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El asalto a pasajeros de transporte público es, por lo general, una de las primeras actividades en las que incursionan los malhechores cuando inician su carrera delictiva. De ahí pasan a otras modalidades criminales como el asalto a automovilista, a cuentahabiente, a casa-habitación, comercio, empresa o institución bancaria; de los cuales a su vez pasarán a crímenes de “alta especialidad” como el secuestro, la extorsión o el sicariato.
EL UNIVERSAL informa hoy que el año pasado, el robo a usuarios del transporte capitalino aumentó 25% en comparación a lo reportado en 2017. Entre los detalles que revelan las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es que dos de las tres alcaldías donde más se comete ese ilícito son aquellas que colindan con municipios mexiquenses.
A delincuentes de uno y otro lado de las zonas limítrofes, les ayuda poder escabullirse a la entidad vecina, donde los policías de una jurisdicción no pueden continuar la persecución hacia la otra, aun cuando sí pueden solicitar apoyo de sus pares, lo cual no siempre ocurre con la rapidez que se necesita.
Sin mucho éxito desde hace algunos años se adoptaron medidas para tratar de contener este flagelo urbano: Botones de pánico, operativos que incluyen la revisión física a pasajeros, operaciones con elementos policiacos encubiertos, detectores de metales, videocámaras al interior de las unidades (puestas la mayor de las veces por los franquiciatarios hastiados de ser blanco de la delincuencia), dispositivos de posicionamiento global (GPS) para detectar vehículos que salen de su ruta, etc., son algunas de ellas.
En contraparte, entre los usuarios la desesperación de no contar con la posibilidad de hacer viajes seguros y el hartazgo de ver constantemente acechadas su integridad física y la de sus pertenencias, amén de la desconfianza en las autoridades y hacia los elementos encargados de brindar protección, han hecho surgir, cada vez con una mayor frecuencia, a los llamados “justicieros o vengadores anónimos”, figuras que por el bien del Estado de derecho no deberían haber surgido.
Para evitar una escalada de violencia en el transporte, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, en especial de sus alcaldías y municipios colindantes, deben trabajar de manera coordinada para elaborar e instrumentar estrategias para atacar de forma conjunta y eficaz a la delincuencia que padece el ciudadano común en su necesidad de trasladarse por la metrópoli.
Autoridades de ambas entidades están prácticamente comenzando sus gestiones. Están a buen tiempo de transformar el rostro criminal que predomina en amplias zonas comunes y de evitar que escale un problema delictivo.
