Read in English
El proceso de democratización en México ha venido dándose de manera paulatina. Uno de sus puntos culminantes —y para mucho expertos de inicio formal de un cambio en la vida política— ocurrió en 1997 cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión.
A lo largo de estos 22 años se han sucedido avances en materia democrática, de transparencia y de participación ciudadana. Los cambios ha ocurrido en prácticamente todas las esferas de la vida pública, excepto en una: los sindicatos.
En materia sindical, el país se encuentra prácticamente como hace casi 100 años, cuando nació la Confederación de Trabajadores de México, organismo obrero con amplio poder político que con su actitud condescendiente avalaba medidas gubernamentales aunque fueran en contra de los intereses de la clase trabajadora.
Con la llegada de un gobierno de izquierda, se esperan cambios en la vida gremial. Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que se impulsará la democratización.
Hoy en estas páginas, funcionarios que tienen a su cargo ejecutar la política en materia laboral dan detalles de la ruta que tomará la política laboral.
En un foro realizado por EL UNIVERSAL, la titular y los subsecretarios de Trabajo y Previsión Social coincidieron en que no es suficiente que la ley establezca el voto libre y secreto, sino que se requiere que la autoridad acompañe todos los procesos previos y posteriores a una elección sindical para garantizar que sean democráticos.
En momentos en que están surgiendo confederaciones sindicales encabezadas por liderazgos ligados al partido en el poder, la Secretaría del Trabajo no descartó resistencias, pero aseguró que tendrá que haber padrones confiables y erradicarse las decisiones a mano alzada. “El cambio va en materia de libertad sindical”.
Son muchos los frenos que están impidiendo una transformación efectiva de la vida laboral y sindical: reforma laboral de 2017 inconclusa y rezago en la resolución de los litigios trabajador-empresa, por ejemplo.
Sin embargo, los cacicazgos en sindicatos es probablemente el mal mayor. Por medio de presiones y de control corporativo, los trabajadores son sometidos al dictado de las dirigencias. La libertad para que los trabajadores se agrupen y funden una organización distinta ha estado limitada y ha sido obstaculizada incluso desde oficinas oficiales. Si la clase trabajadora no tiene el apoyo gubernamental para ejercer sus derechos sin represalias se desvanecerán las esperanzas de que se modifique el panorama.
Justicia y democracia laboral es el gran pendiente que urge saldar en el país. Y este sexenio puede ser la última oportunidad para que se alcancen.