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A fuerza de protestas y de reclamos a la autoridad, miles de personas que en un instante perdieron todo contacto con el padre, hermano, hermana, hijo o hija lograron la creación a nivel federal y estatal de comisiones para la búsqueda de desaparecidos. Por falta de voluntad política o de presupuesto, no todas han logrado constituirse y aquellas que están en marcha su actuación transcurre con lentitud y escasos resultados.
A más de 18 meses de haber entrado en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, solo se han instalado 19 de las 32 comisiones locales de búsqueda, pero únicamente 11 comenzaron sus labores. El dolor y la demanda de apoyo de los familiares parece quedar en segundo plano para gobiernos estatales.
De acuerdo con información que hoy publica EL UNIVERSAL, la efectividad de las comisiones que se encuentran en funciones aún es mínima, pues de las mil 047 peticiones de búsqueda que han recibido, apenas han encontrado a 291 personas, (27% del total). Tamaulipas, entidad donde se reportan más de 6 mil personas desaparecidas, no proporcionó información sobre su avance.
Los problemas para operar son principalmente por falta de recursos, a pesar del compromiso presidencial del pasado 24 de marzo de que no va a haber límite presupuestal ni techo financiero para atender la situación.
Otro de los obstáculos reportados por integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda es que algunos estados rehúyen a la problemática para no reconocer que están padeciendo casos de desapariciones.
Apenas la semana pasada se conoció que en Jalisco el número de personas desaparecidas disminuyó en tres meses de 7 mil 117 a mil 752, pero no por haber esclarecido la situación de más de 5 mil casos, sino porque fueron “reclasificados” como personas no localizadas, lo que implica que aunque se ignora su suerte no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia. Entre los criterios del artículo 89 de la ley en la materia para considerar desaparecida a una persona se establece que así se determinará cuando han pasado 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero, aun sin elementos de la probable comisión de un delito.
Familiares de desaparecidos están a la espera del funcionamiento pleno del sistema de búsqueda, de la creación de protocolos y de que exista voluntad política en todos los gobiernos. Lo logrado hasta este momento es resultado de la presión de miles de familiares. No es justo que haya autoridades que sigan regateándoles un poco de justicia.