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En México el sector privado es motor de la economía nacional. Las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleo, de acuerdo con datos que ha divulgado el Inegi. Sin embargo el sector público contribuye también de manera importante al desarrollo al impulsar proyectos de infraestructura (construcción de carreteras, puertos, hospitales) y al otorgar créditos por medio de la banca de desarrollo, pero esta última opción ha quedado por el momento congelada.
EL UNIVERSAL publica hoy que la aprobación y entrega de créditos por parte de instituciones como Banobras, Nacional Financiera, Bansefi y Bancomext están paralizadas.
La banca de desarrollo financia proyectos de infraestructura, así como la actividad de pequeñas y medianas empresas y sectores no atendidos por la banca comercial.
Estas instituciones son una de las escasas vías por las que el gasto del gobierno federal puede contribuir al dinamismo de la economía, por lo que cerrar la llave del crédito tendrá consecuencias en el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Las razones del freno en el otorgamiento de recursos, de acuerdo con las fuentes consultadas, es principalmente por el recorte de mandos medios en las citadas instituciones. Hay casos en los que áreas completas se quedaron sin personal.
La dimensión del problema se refleja en la siguiente cifra: Los recursos que presta la banca de desarrollo equivalen a los del principal grupo financiero del país y ascendieron a casi un billón de pesos en 2018.
Más datos: en 2016 Nafin atendió a 715 mil empresas, Bansefi atendió a 23 millones de personas y Banobras atendió a mil 268 municipios en 31 entidades.
Con este retraso no solo emprendedores individuales y negocios familiares están en riesgo de no ver hechos realidad sus proyectos, también los gobiernos estatales. Para tareas de reconstrucción tras el sismo de 2017, por ejemplo, Edoméx, Oaxaca y Morelos solicitaron créditos por más de 3 mil millones de pesos a Banobras.
En el desarrollo de un país el acceso al crédito es fundamental. Podría entenderse que por un cambio de gobierno habría cierta demora en algunas actividades oficiales, pero no debe ser el caso de instancias clave en la marcha de la economía. Son casi 90 días de gobierno. Tiene que haber respuestas inmediatas en este sector.