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El respeto a la ley y garantizar su cumplimiento son los pilares que sostienen a cualquier sociedad democrática. Del mismo modo, el patrimonio nacional efectivamente es de los mexicanos, pero los gobiernos han sido elegidos en las urnas para administrarlo de manera eficiente y para que se obtengan beneficios comunes.
A pesar de que la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió hace tan solo una semana, es necesario recordar las lecciones que dejó, principalmente porque el robo de combustible persiste y representa no solo un daño importante al patrimonio nacional, sino también un riesgo serio para quienes se involucran en esta actividad y las zonas en donde ocurre.
En un nuevo episodio de robo de combustible, en Otumba, Estado de México, hubo un conato de enfrentamiento entre integrantes del Ejército y habitantes de esa comunidad por una toma ilegal de hidrocarburos.
Según testimonios, las personas se enfrentaron verbalmente con integrantes del Ejército porque se les impidió robar combustible. Por fortuna, el hecho no derivó en sucesos de mayor envergadura, pero sí es evidencia de la impunidad que ha imperado por años, así como de que ha permeado entre muchos mexicanos la idea de que el delito de sustracción de combustible es también un derecho adquirido.
El enfrentamiento, pero sobre todo la actitud de los habitantes de Otumba, refleja la dualidad en la que está inmersa el país: se reconoce a la autoridad en la medida en que se mantenga al margen de intereses particulares, sean legítimos o no. El trasfondo de estos hechos da cuenta que hay problemas graves en la conciencia colectiva: ¿qué son los recursos públicos? Pero sobre todo, ¿quién y por qué razón puede tener acceso a ellos?
Si lo que se desea en México es que impere el Estado de Derecho, todos debemos aceptar en consecuencia que sean las autoridades elegidas democráticamente quienes gestionen lo que es de todos, de modo que el usufructo de lo público para fines privados sea castigado.
Es necesario el diseño e implementación de programas sociales que beneficien a los más pobres, es cierto, pero también el gobierno federal tiene que dejar claro a todos, especialmente a quienes tutelan bienes públicos sin tener la facultad para ello, que los actos ilegales tienen consecuencias, más allá de exhortos a evitar estas prácticas.
El papel de los gobiernos, federal y estatal, es clave para preservar el Estado de Derecho, puesto que son elegidos para ejercer la autoridad en cualquier caso. Nadie debe lucrar ni ejercer la tutela de forma ilegal sobre los hidrocarburos. Evitar nuevas tragedias y respetar el patrimonio público requieren que el gobierno haga uso de sus facultades. Estamos a tiempo.
