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Michoacán cumplió dos semanas con vías férreas paralizadas por un grupo de profesores, en medio de un cruce de acusaciones por encontrar a la autoridad que le corresponde destrabar el asunto. El gobierno estatal pide a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que desaloje a los manifestantes debido a que están obstruyendo vías federales. El gobierno federal señala que es un tema que incumbe a la autoridad local. En síntesis, un juego en el que se eluden responsabilidades, mientras sociedad e iniciativa privada quedan como rehenes.
Los empresarios afirman que cientos de compañías resultan afectadas y están en riesgo miles de empleos, así como el abasto de productos. Elevan su exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador de que se libere la ruta ferroviaria lo antes posible. ¿En definitiva no puede ser atendida la situación por el gobierno estatal ni por las dependencias federales? ¿Es necesario acudir al primer mandatario?
Los funcionarios parecen olvidar que su objetivo en la posición que ocupan es colocar al centro de su tarea a la sociedad con el fin de proporcionar el mayor bienestar posible.
Profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son los responsables directos del cierre de la comunicación ferroviaria. Exigen —con todo derecho— el cumplimiento de pagos atrasados. ¿Se requiere llegar al extremo de impedir 130 corridas de trenes desde el puerto de Lázaro Cárdenas con lo que se afecta la producción en la industria y la dotación de productos básicos?
El gobierno estatal ha admitido su incumplimiento en la realización de pagos puntuales. Desde noviembre de 2018 anunció que entregaba al gobierno federal el sistema educativo michoacano debido a que las finanzas no alcanzaban para cubrir la nómina. Todavía la semana pasada insistió en que carece de la capacidad financiera para cumplir con el pago a docentes. El gobierno federal apenas comenzó a hacer transferencias de recursos etiquetados para el salario de los maestros y se iniciaron reuniones entre la Secretaría de Educación y el gobierno estatal para fijar líneas de solución al conflicto. Se plantea ahora auditar al gobierno estatal y a la CNTE para conocer el destino de los recursos educativos. Todos tendrían que rendir cuentas.
La situación en Michoacán es un ejemplo de cómo en México se dejan crecer los problemas: un grupo con un pliego de demandas —justas o no— bloquea alguna vialidad, la autoridad lo permite aunque se viole la Ley de Vías Generales de Comunicación; cuando el problema escala y comienza a afectar a un mayor número de terceros, comienza a buscarse la negociación. Habría que comenzar a modificar la fórmula y ofrecer desde el principio el diálogo y la coordinación de los distintos niveles de gobierno para evitar que escalen los problemas.
