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El tema de la subcontratación —outsourcing— fue uno de los que más polémica generó la semana pasada en la Cámara de Diputados, durante la discusión de la reforma laboral. Un grupo de diputados demandaba su desaparición de la normatividad mexicana, pero al final esta figura se mantuvo sin cambios. Una de las críticas que se hace contra ese esquema es que facilita la evasión fiscal.
La nota principal que hoy presenta EL UNIVERSAL aporta elementos en ese sentido: más de 6 mil empresas en el país que recurren a la subcontratación logran evadir 21 mil millones de pesos de pago de impuestos.
En una investigación ordenada por el Servicio de Administración Tributaria se encontró que el monto promedio de evasión en esas empresas va de 6 mil a 8 mil 198 pesos anuales por trabajador.
El outsourcing es legal; se introdujo en la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, pero su uso devino en abuso y muchas empresas eludieron contribuciones fiscales y pagos a sus empleados. La productividad y las ganancias de las empresas se incrementaron a costa de los trabajadores y de las finanzas públicas.
La reforma laboral que pasó al Senado para su aprobación contiene disposiciones que representan un avance para la vida sindical, como el establecimiento del voto libre y secreto para elegir dirigentes de trabajadores o la forma en que los gremios utilizan sus recursos, pero otros quedaron pendientes, entre ellas la revisión del outsourcing.
Desde la crisis global de 2008, en México la precarización del trabajo ha sido un fenómeno que golpea a millones de mexicanos. En ello la subcontratación también es un factor clave.
El outsourcing no tiene por qué representar de origen un esquema para el atropello de los derechos del trabajador. A numerosas compañías les resulta de utilidad tercerizar el trabajo en algunas áreas. Lo que se requiere es la supervisión y control estrictos de distintas dependencias como Secretaría del Trabajo, Hacienda e IMSS.
El modelo de “outsourcing agresivo” encontrado en la investigación del SAT es en los hechos una actividad extralegal; quien la realiza lleva en mente la intención de incumplir el pago de impuestos —con la afectación a las finanzas públicas— y ahorrar recursos en la contratación de trabajadores —con la afectación a las finanzas y prestaciones del empleado— sin que haya intervención de la autoridad. Algo debe cambiar de manera urgente.
