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El combate a la corrupción es un tema del que se habla, se escribe y se promete mucho, pero del que se queda a deber cuando la población exige resultados.
Una de las dependencias que usualmente ha estado en el centro de la polémica es Petróleos Mexicanos. En lo que va del siglo ha estado vinculada a desvíos para campañas electorales, mal uso de recursos por parte de sus directores y casos de dispendio. Actualmente el grave problema del robo de combustible no se entiende sin la participación de una parte de la estructura de la empresa de Estado. El gobierno federal ha hecho señalamientos puntuales.
Ahora EL UNIVERSAL publica que la Secretaría de Energía está revisando acciones adoptadas en Pemex a finales de la anterior administración que por sí solas generan sospechas.
En primer lugar, la petrolera vendió sus tres plantas de hidrógeno que tenía en las refinerías de Tula, Cadereyta y Ciudad Madero. Después, sin estructura para generar hidrógeno, adjudicó de manera directa a tres empresas contratos por 20 años para que le vendan el químico. Cada mes, durante las próximas dos décadas, Petróleos Mexicanos tiene que desembolsar al menos 2.7 millones de dólares para los pagos de esas tres empresas.
La presunción inicial de la Secretaría de Energía es que para beneficiar a las empresas vendedoras de hidrógeno Pemex se deshizo de sus plantas. En principio, tanto la venta de las plantas como la adjudicación de contratos probablemnte no implique una ilegalidad. Demostrar una mala intención en las medidas adoptadas no será fácil.
En la administración pública una de las medidas para evitar cualquier tipo de control está en la transparencia de los contratos. Por ley estos deben ser adjudicados en licitación y cuando se hace de manera directa, la justificación tiene que estar debidamente argumentada. ¿Se hizo así en los convenios firmados con las compañías que suministran hidrógeno?
Es hora de que el país comience a sancionar las malas decisiones que se adoptan –o se hayan adoptado en el pasado reciente– y que representen una afectación a las arcas públicas. Generalmente se hace mucho ruido y al final el castigo es mínimo o inexistente. Baste el ejemplo del caso Odebrecht, del cual se desconoce algún avance a pesar de que hace más de un año se dijo que la investigación estaba concluida.
En este momento el país está frente a una oportunidad única para atacar la corrupción pero, más importante tendría que ser la instauración de mecanismos que frenen de raíz los malos manejos. Hay avances impulsados por la sociedad civil. Es necesario recurrir a ellos y trabajar de manera coordinada.
