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Siempre se dijo que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México estaría blindada contra acciones de corrupción.
Con ese fin, el proyecto estaba bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Inai). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitía recomendaciones para dar confiabilidad a la obra y generaba informes sobre los avances de la misma. La Academia de Ingeniería también ofrecía sus opiniones.
Se dijo además que para garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación de las obras, en los actos se contaría con la participación de testigos sociales, de un notario público, del órgano interno de control y la transmisión en vivo de los actos de presentación y apertura de ofertas, así como del fallo final, por el portal del NAIM.
Se insistió en que el mundo estaba atento a la obra, por lo que era primordial una ejecución “impecable y transparente”.
A pesar de lo anterior, todo indica que para tratar de sacar provecho personal de la obra pública no hay límites. EL UNIVERSAL publica hoy que autoridades federales tienen en curso una investigación por el presunto desvío de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ejercía para el nuevo aeropuerto. Las pesquisas apuntan a que la compra de materiales como tezontle y basalto se dio, sin contratos previos, a empresas y sindicatos vinculados al ex director de obra, además de que los productos adquiridos no cumplieron con las normas de calidad requeridas.
Los grupos cercanos al ex funcionario tenían el monopolio de los viajes de carga y de la compra de material.
A pesar de que se dio a conocer que desde el pasado 27 de diciembre la construcción está oficialmente suspendida, es necesario indagar, dar a conocer y castigar cualquier mal manejo de recursos o conflictos de intereses que se hayan producido durante los meses en que se dieron los trabajos.
El país avanza lento en la transparencia de obras públicas. La compra de material a un costo mayor al promedio y la asignación a constructores “amigos” fue por mucho tiempo el modus operandi en distintos gobiernos de todos los niveles.
Si hay sospechas de desvío de recursos en la obra más vigilada del sexenio anterior ¿que podrá esperarse de obras menores desarrolladas a lo largo y ancho del país?
