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La función que realizan los notarios públicos es de gran importancia para dar certidumbre jurídica a actos fundamentales de la vida económica y social del país como compraventas, donaciones y testamentos. Su labor debe estar investida de imparcialidad para generar certeza en sus decisiones, pero ¿cómo se puede ser imparcial cuando el cargo es con frecuencia producto de una decisión opaca y arbitraria?
EL UNIVERSAL da a conocer hoy que gobernadores que concluyen su gestión concedieron o están en proceso de entregar al menos 65 autorizaciones para que igual número de personas puedan ejercer como notarios públicos. No es extraño que entre los beneficiados figuren familiares, ex funcionarios o personajes ligados a la vida política.
Cada estado tiene leyes diferentes que norman el otorgamiento de notarías. Aunque en la mayoría es necesario que los interesados aprueben un examen, al final es una decisión exclusiva del gobernador y su consejería jurídica.
En el momento que esas posiciones se otorgan de manera discrecional se corre el riesgo de que se incurra en el tráfico de influencias y posible corrupción, además de que se trata de actos discriminatorios contra aquellos profesionales del derecho que de buena fe acuden a competir por un cargo. En junio la justicia federal advirtió de la desigualdad de ese tipo de leyes.
El Colegio del Notariado Mexicano ha manifestado la necesidad de que las notarías se adjudiquen únicamente vía examen de oposición y no como una dádiva de los gobernadores.
Esta semana la ahora ex senadora Olga Sánchez Cordero planteó reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir leyes generales que homologuen la organización y el funcionamiento de la actividad notarial en las entidades. La iniciativa propone que los integrantes del notariado sean seleccionados de un proceso riguroso y transparente en el que los aspirantes demuestren su capacidad y aptitudes.
La actividad notarial no puede seguir siendo resultado de componendas ni representar una vía libre para actuar de manera arbitraria. En Tamaulipas, por ejemplo, en el último año siete notarios públicos han sido acusados por falsificar documentos que permitieron la compra, venta o donación de bienes inmuebles.
Entre las transformaciones prometidas por el próximo gobierno, la del notariado tendría que ser una de las más importantes. Los cargos deben dejar de ser recompensas para el aliado político, pagos por intercambio de favores o el resultado de negociaciones cupulares. Es momento de que termine esa práctica perniciosa.
