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Enfrentamientos armados, ataques a policías estatales, “desfile” de elementos del narcotráfico por las calles, pobladores que desarman y secuestran a elementos del Ejército... es el escenario que han vivido localidades de Michoacán en menos de siete días, sin que la autoridad haya podido evitarlo.
Desde el miércoles 22 de mayo la violencia se intensificó cuando un choque entre grupos de narcotraficantes dejó 10 muertos en Uruapan. Dos días después cinco personas calcinadas fueron halladas en un vehículo en el mismo municipio.
En Zamora, el fin de semana presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a policías municipales con un saldo de cuatro agentes muertos y siete más heridos. Antes de la agresión exhibieron en las redes sociales su fuerza, integrada por más de una decena de camionetas y vehículos.
En el municipio de La Huacana habitantes sometieron y desarmaron a un grupo de soldados, luego de que se dio un tiroteo entre los militares y civiles; para su liberación, los pobladores exigían la devolución de armas que les habían sido retiradas, entre ellas un fusil Barret calibre 50, uno de los más poderosos, con capacidad para derribar helicópteros.
Se trata de una historia harto conocida en el país. La violencia que se desata en una región o entidad, la llegada de refuerzos federales y la contención de la inseguridad por unas semanas o meses. Ayer se dio a conocer el Plan de Seguridad para Zamora en el que participarán 350 elementos de seguridad “certificados para sus funciones”, provenientes de la policía municipal, estatal, federal y del Ejército.
La escena de los soldados retenidos recuerda la necesidad de que los estados cuenten con corporaciones policiacas capacitadas para hacer frente a la inseguridad local. Se trata de una demanda insistente que no acaba de concretarse: el Ejército no tiene por qué realizar tareas de seguridad pública.
¿Por qué el crimen organizado actúa con lujo de violencia? ¿Por qué los pobladores someten a los soldados y hacen peticiones de forma dura al Ejército?
Lo hacen porque saben que agredir a un elemento policiaco o militar no tendrá repercusiones ante la justicia, como no la tienen miles de delitos que se cometen diariamente en el país. En esta línea se dibuja la probable solución: cuando en el país la regla sea que se respeta la ley, todos comenzarán a respetar a quien representa el Estado de derecho.
