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Apenas dos semanas después de haber asumido como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro firmó un decreto que facilita el acceso de los ciudadanos de su país a las armas. Desde la campaña electoral, el ultraderechista consideraba que la medida era clave para contener los elevados índices criminales. La experiencia, sin embargo, tiene otros datos. Estados Unidos, una nación con prácticamente total permisividad a la posesión de armas, es también un país en el que con bastante frecuencia se conoce de casos en los que decenas de personas mueren a manos de personas que poseen armamento de alto poder.
Ayer en Brasil se produjo un hecho con similitudes a los que suelen registrarse en Estados Unidos: dos exalumnos de un colegio ingresaron a las instalaciones escolares para disparar contra estudiantes y trabajadores del plantel dejando al menos ocho personas muertas, antes de suicidarse. No puede atribuirse la tragedia a la flexibilidad para la adquisición de armas que decretó Bolsonaro hace dos meses, pero es un recordatorio de que este tipo de situaciones se presentan cuando hay escasas restricciones para que la sociedad posea armas.
En México hay fuertes restricciones para la compra de armas, pero bandas del crimen organizado pueden abastecerse fácilmente de ellas en armerías ubicadas en la frontera estadounidense e introducirlas con la facilidad que permite la corrupción de funcionarios. La delincuencia menor también tiene un acceso relativamente fácil a armas de fuego en el mercado negro.
Difícil de cuantificar la existencia de armas ilegales, la organización Small Arms Survey estimó el año pasado que en el país hay alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales 85% son ilícitas.
Con el fin de combatir la posesión ilegal de armas, autoridades militares mexicanas realizan campañas de desarme a nivel nacional, las cuales han dejado de tener respuesta positiva por parte de la sociedad. En 2013 los ciudadanos entregaron 31 mil 506 unidades, pero en 2018 apenas fueron 4 mil 443. Tolerar el flujo de armas ilegales, sin estrategia para contenerlo, puede abrir las puertas a un mayor número de homicidios y alterar la seguridad en las ciudades donde la autoridad sea laxa para enfrentar el tráfico de armas.
Alentar que la sociedad se arme —de manera legal, como en EU o Brasil, o ilegal, como en México— representa la claudicación de autoridades para resolver las causas estructurales del crimen y la inseguridad.
