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Aún sin leyes secundarias ni un plan completamente estructurado para su operación, inició ayer el despliegue de la Guardia Nacional en la región sur del estado de Veracruz, con poco más de un millar de elementos extraídos del ejército, la Marina y la Policía Federal. Tuvo que ser una tragedia como la registrada hace una semana en Minatitlán y de una crueldad excesiva la que detonara el arranque de operaciones del cuerpo de seguridad en el que tienen cifradas sus esperanzas no sólo millones de mexicanos, sino el propio gobierno de la República, pues en mucho depende de éste que la denominada Cuarta Transformación tenga el voto de confianza de la ciudadanía, en un momento en que parece recrudecerse el embate de la delincuencia en distintos frentes del país.
Según lo adelantaba antier el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, los resultados de su entrada en operación comenzarían a verse posiblemente hacia la mitad de la administración actual cuando según sus cálculos podría constatarse si se procedió en la dirección adecuada. Este nuevo plazo contradice lo apuntado unos días atrás por su jefe, el presidente López Obrador, quien pidió inicialmente un plazo de sólo seis meses para hacer una primera evaluación de efectividad de la Guardia. Para Durazo, el nuevo aplazamiento de resultados obedece a que el problema de seguridad en México es estructural, crónico e histórico, para luego precisar que los 6 meses indicados por el presidente se refieren a que para octubre podría apenas comenzar a bajar la curva en la gráfica de asesinatos, para luego, en 2022, vivir ya dentro de lo que llamó “niveles razonables de paz” y, finalmente, al terminar el sexenio, entregar un país tranquilo y estable.
Como se ve, son más buenos deseos e intenciones pero no un plan detallado de cómo contener la violencia que sacude a México. Eso sí, hay que reconocer que el gobierno responde así el reclamo social de una mayor seguridad, pero es de preocupar que se insista en cargar la culpa a las administraciones anteriores, aunque también hay que reconocer que las rachas de violencia tienen relación con gobiernos estatales pasados. Dentro de Veracruz, la tendencia violenta empezó en la gestión de Fidel Herrera del PRI, continuó bajo el gobierno del también priista Javier Duarte y luego con Miguel Ángel Yunes del PAN.
Garantizar seguridad a la población no es un asunto de partidos, es un asunto de resultados que tienen que dar los políticos a la ciudadanía. Menos políticas, menos culpas y más resultados, que es lo que espera todo México.
