Que México haya aumentado el número de detenciones que realizan sus autoridades de migración a partir de que Trump concedió 45 días de gracias para no aplicar aranceles a los productos mexicanos que deseen ingresar al mercado de Estados Unidos es una imprecisión. Del número de personas bajo resguardo de las autoridades migratorias mexicanas, en lógica proporción se incrementó también el de menores de edad desde el momento en que el nuevo gobierno asumió la administración del país y, en comparación con la gestión anterior, registró un aumento de 24 por ciento. Hasta abril pasado, se reportó la captura de más de 12 mil niños y adolescentes. Si bien las cifras demuestran que son especialmente estos últimos los que constituyen el grueso de las detenciones, sorprende saber que casi cuatro centenas de bebés fueron puestos —junto con sus padres— en algún momento bajo custodia de las autoridades mexicanas de migración.
Según una investigación realizada por este diario y en cuanto a las nacionalidades de los detenidos, hasta un 92 por ciento de ellos proviene de tres países específicos: Honduras, Guatemala y El Salvador, en ese orden. Es obvio que ante tal cantidad de detenciones, sumadas a la enorme cifra de las de adultos, las condiciones en que los menores van a ser retenidos hasta definir su situación no son precisamente las mínimas para garantizar su bienestar; por el contrario, hambre, sed, frío, calor, enfermedad, hacinamiento y malos tratos es lo que se ven obligados a soportar por parte de las instancias mexicanas. Ya ni hablar del respeto a sus derechos humanos. Un alarmante foco rojo de esta situación lo constituyó la muerte de una niña guatemalteca en una estación migratoria de la Ciudad de México en mayo pasado.
El paso de los niños y adolescentes migrantes por México casi siempre constituye un infierno igual o peor al que sufren los mayores. Malas condiciones que se agravan aún más si esos menores van a dar con mafias o traficantes que planeen obtener algún beneficio económico por ellos.
La primera prioridad de México en la cuestión migratoria deben ser los niños. La gran duda es si el estado mexicano tiene la capacidad para atender su situación y mejorar sus condiciones, en momentos en que ni siquiera puede garantizar el bienestar de los niños mexicanos. Pero ya metido en estas lides, el gobierno debe procurar mejorar el resguardo de los niños que han entrado en nuestro territorio, garantizando su integridad física y emocional, especialmente de aquellos que hacen solos el viaje, sin padres, familiares o tutores.
