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De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), vía solicitud de Transparencia, en los últimos seis años se han registrado más de 161 explosiones en talleres de pirotecnia de todo el país. De ellos, en 72 se registraron pérdidas humanas, como la ocurrida apenas hace dos semanas en Tequisquiapan, Querétaro. En total van 241 muertos tan sólo en los últimos 6 años. Parece que sin importar cuántos fallecimientos se acumulan, México es incapaz de impedir que las tragedias relacionadas continúen ocurriendo.
La Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en el artículo 60 de su Reglamento, autoriza a particulares la compra de artificios pirotécnicos de hasta por 10 kilogramos sin permiso expreso de las autoridades. Para ello, los productores deben pasar por procesos legales ante la Secretaría de la Defensa Nacional para obtener sus credenciales de venta.
Ante la repetición incesante de desastres, debemos debatir sobre este tema más allá de la exigencia, ya cansada, de prevención. Si los cientos de locales de venta de juegos pirotécnicos que componen los mercados dentro de diversos municipios en el país, tienen los permisos correspondientes y las medidas de seguridad apropiadas, las autoridades tendrán que verificar si hubo corrupción o negligencia. ¿O las prohibiciones actuales son insuficientes?
En Tultitlán, por ejemplo, particularmente en el Mercado de San Pablito, se produce y distribuye la mayor parte de la pirotecnia que se consume en México. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Municipal de Tultepec 2016-2018, las autoridades locales establecieron como una debilidad la falta de personal para cubrir las necesidades de una población expuesta a explosivos.
Los discursos que conminan a cambiar las medidas de seguridad se acumulan, pero no han cambiado la situación. Quizá porque pese al centenar de accidentes reportados, únicamente se han cancelado 70 permisos para este tipo de talleres desde 2012. En cambio, sí se han entregado 2 mil 777 permisos para el almacenamiento y venta de fuegos pirotécnicos desde 2012 y hasta la fecha.
El consumo de juegos pirotécnicos es amplio en México. Son materia básica de fiestas patronales y en celebraciones anuales. Los más de 240 muertos acumulados en el sexenio más reciente incitan a preguntarnos si las costumbres y la libertad en el uso de explosivos son razón suficiente para seguir permitiendo (o simulando que se prohíbe) el consumo indiscriminado de pirotecnia. A menos que asumamos que los muertos son parte de la tradición.
