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Uno de los tantos debates que están dominando en la escena nacional es el de los organismos autónomos, aquellos que han sido creados por el Estado para un manejo eficaz de áreas estratégicas. Algunos se crearon de manera expresa con esa característica o adquirieron la autonomía años después de su surgimiento. Entre ellos se encuentran la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral.
Una de las justificaciones de su aparición es la conformación de contrapesos en el ejercicio del poder público, aunque esto no siempre ha ocurrido de la mejor manera. Antes de la entrada de la actual administración federal se hablaba de que partidos o incluso el mismo gobierno habían capturado de manera parcial o total algunos de esos organismos. La designación de consejeros electorales, por ejemplo, se ha dado en medio de intensas negociaciones partidistas y de reclamos de cuotas por parte de cada agrupación política. Otro caso fue el de una integrante del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que el año pasado apareció en la lista de candidatos a diputados plurinominales del entonces partido en el poder, el PRI.
En los procesos para elegir a sus integrantes se ha vislumbrado siempre una pugna para ganar espacios de poder y la disputa de un botín por conquistar.
Hace dos días el presidente consideró a los organismos autónomos como “una gran farsa” por estar al servicio de “intereses particulares”, en aparente alusión a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El tono de esas críticas no son de ahora, vienen de años atrás.
EL UNIVERSAL presenta hoy la opinión de personajes que han estado al frente de diversos organismos autónomos, quienes de manera unánime consideran un error debilitarlos por medio de acciones para afectar su desempeño o que llevarían a su desaparición.
No puede decirse que la actuación de los mencionados órganos ha sido inmaculada —el estigma de encabezar una burocracia dorada pesa también sobre ellos—, pero su creación ha marcado un antes y un después para el desarrollo tanto económico como democrático del país, así como para el impulso de la transparencia y de los derechos humanos.
En ese como en otros temas, no todo es negro ni todo es blanco. Los matices importan y deben ser tomados en cuenta. De colocarse en una balanza, seguramente ganan los aspectos positivos en un país que requiere de equilibrios.
