Se extendió tanto la idea de que las cárceles del país son escuela del crimen —quienes entran a purgar condena por un delito salen expertos en otros— que en gobiernos anteriores decidieron referirse a los penales como centros de readaptación social (estatales o federales). Un cambio de nombre que no se atrevió a tocar los vicios ni irregularidades que persisten en su interior.

Ha sido bajo esta definición en la que se han dado los casos más graves de violencia en cárceles. Desde ajustes de cuentas entre grupos rivales, con saldo de decenas de muertos, hasta delincuentes que salen de las instalaciones para cometer algún delito y luego regresan a la reclusión, así como la fuga en dos ocasiones de quien es considerado el mayor narcotraficante mexicano.

Una de las piezas fundamentales en el buen funcionamiento de un penal son los custodios. Su desempeño bueno o malo repercute en el control sobre los reclusorios.

¿Se puede garantizar que realizarán sus tareas cotidianas de manera ética bajo amenazas, hostigamiento, acoso y agresiones ? De acuerdo con información que hoy publica este diario, de 2012 a 2018 se registraron mil 246 agresiones en instalaciones penitenciarias, principalmente a custodios, aunque la cifra también incluye a técnicos o personas que se encontraban de visita.

El pasado 10 de mayo ocurrió un ataque directo contra custodios del Cefereso 16 ubicado en Morelos. Ocho elementos fueron atacados cuando abordaban el autobús oficial que los conduciría a su centro de trabajo; cinco de ellos murieron.

Las autoridades estatales y federales tienen la obligación de revalorar la labor del custodio. El maltrato hacia ellos es sistemático: no se escuchan sus necesidades, no se les toma en cuenta, se les sanciona y se les castiga. Una de las sobrevivientes del ataque de hace un mes señala que nadie les garantiza su seguridad ni les pregunta si requieren apoyo psicológico.

La situación del llamado autogobierno (cuando los reos imponen su ley) comenzará a modificarse en el momento que se considere a los custodios como primera línea de defensa para el control carcelario. Desprotegidos y sin incentivos como se encuentran en la actualidad se convierten en fáciles objetos de conquista por parte de grupos criminales que operan desde la reclusión. En otros países sus derechos laborales superan el de los trabajadores promedio, por el riesgo y la responsabilidad que enfrentan. Habría que voltear a ver las condiciones de los custodios fuera de México para comenzar a aplicarlas aquí. Se daría un paso clave hacia la seguridad penitenciaria.

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