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En el ambiente de violencia que vive el país desde hace más de una década, atribuida a la disputa de cárteles por el control de zonas y rutas de tráfico de droga, hay numerosas víctimas colaterales. Desde personas inocentes que tienen la mala fortuna de quedar en medio de tiroteos o de ser blanco de una bala perdida, hasta las empresas que dejan regiones de inseguridad extrema luego de que las autoridades no pudieron garantizarle el desarrollo seguro de sus actividades; también debe sumarse la pérdida de vida social en las comunidades: bares, restaurantes y cines cierran temprano sus puertas y la ciudadanía se enclaustran en sus hogares por los riesgos de la vida nocturna.
En este contexto la Cruz Roja de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, dejó de brindar servicio por unas horas debido a “acontecimientos violentos” en los que se vio involucrado personal de esa institución. La decisión se dio luego de que el sábado pasado paramédicos auxiliaron a un hombre herido a balazos y cuando se dirigían a un hospital varios individuos armados les cerraron el paso, los amenazaron y se llevaron al sujeto lesionado. La institución retomó sus labores después de que el gobierno estatal acordó que fuerzas estatales brinden seguridad a las instalaciones y a los paramédicos.
Asignar elementos de vigilancia a cada persona o institución en el país desafortunadamente no ha sido la solución. A finales de noviembre del año pasado un voluntario de la Cruz Roja murió y cuatro más resultaron heridos cuando se disponían a entregar ayuda humanitaria en una comunidad de Taxco, Guerrero. De poco sirvió a la brigada ser escoltada por agentes policiacos estatales, pues los tres elementos que tenían la consigna de otorgar protección fueron también asesinados cuando al menos 20 hombres armados los agredieron.
Hay estados que desde hace años su capacidad para enfrentar el crimen ha quedado prácticamente anulada. En este gobierno se plantea como salida la creación de la Guardia Nacional, pero la propuesta es que buena parte del apoyo económico provenga de las finanzas de los estados.
El proyecto de Ley de la corporación menciona: Las entidades y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional, aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal”.
La falta de presupuesto es a menudo el argumento de municipios y estados para justificar el atraso de sus policías. Desde ahora deben saber que es bastante probable que tendrán que asignar recursos para el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio. Es momento de que evalúen costos: ¿qué conviene más: pagar por seguridad temporal o desarrollar agrupaciones de seguridad estatales eficientes?