Los migrantes, especialmente los indocumentados, son alrededor del mundo uno de los sectores sociales más vulnerables y como se ha documentado en incontables ocasiones, frecuentemente son víctima de abusos y violaciones de toda índole a sus derechos humanos. Al convertirse en seres desposeídos por hallarse lejos de sus familias y lugares de origen, los migrantes, quienes únicamente van en busca de mejores oportunidades de vida, casi siempre son vejados, engañados, maltratados y explotados.
Si esto sucede con personas adultas, capaces relativamente de valerse por sí mismas y de defenderse en caso de ser necesario, imaginemos la enorme —¿absoluta?— vulnerabilidad en que se encuentran quienes, también siendo migrantes, además son menores de edad, apenas niños en la mayoría de los casos, que atraviesan miles de kilómetros persiguiendo una mejor vida, engullidos por la inercia de sus comunidades, en la que migrar es el único camino posible a seguir.
Se trata sin duda de una letal combinación la de niñez y migración, misma que por desgracia, hoy lo sabemos, es una tendencia bien consolidada. Es en este contexto que, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de enero de 2001 a julio de este año, 223 mil 497 menores de edad mexicanos han sido repatriados, provenientes de 45 naciones de los cinco continentes. De este total, 223 mil 132 vienen de Estados Unidos, es decir, el 99%. La Cancillería detalló que de 2001 a 2006, en el periodo de Vicente Fox, 74 mil 728 menores de 18 años fueron repatriados, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón esta cifra subió a 84 mil 825. En la presente administración suman hasta julio de este año un total de 63 mil 579 menores regresados al país.
Al analizar estos números uno se pregunta cómo es que el gobierno mexicano, ante una problemática tan grave y por demás evidente, no ha implementado acciones de ningún tipo, ya no digamos eficaces, para evitar que menores se aventuren a la frontera norte, a un viaje lejano que fácilmente puede depararles ser víctimas de trata o la muerte. Sobra decir que ante esta ausencia de acciones efectivas del Estado mexicano, las mafias de tratantes tienen el camino libre.
Por ello, es urgente que el gobierno mire hacia los estados expulsores de estos menores migrantes, les brinde oportunidades para que no tengan que abandonar sus comunidades e informe a la sociedad, a las familias que estén pensando en enviar a sus hijos solos, sobre los enormes riesgos del periplo.
Urge pues un replanteamiento de las políticas migratorias tanto en México como en Estados Unidos.
Un niño no tendría jamás que intentar atravesar un país entero “en pos del progreso”, arriesgando la vida.
