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Para cualquier proyecto en todas las áreas de la vida pública se requiere un documento rector, una hoja de ruta, en la que se marquen objetivos y el modo de alcanzarlos. Por mandato legal, los gobiernos que llegan al poder en México deben presentar su Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los meses siguientes a la toma de posesión para su aprobación en la Cámara de Diputados.
La administración actual cumplió con el ordenamiento y en los últimos minutos del 30 de abril entregó el documento al Congreso de la Unión, en el que se fijan las prioridades del país para alcanzar “un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales”.
El Plan se divide en tres grandes rubros: Política y gobierno, Política social y Economía, pero el eje que los conecta es el combate a la corrupción.
Así, por ejemplo, se menciona que “el fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para final de sexenio una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento” y que “los recursos destinados a financiar los programas sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la corrupción”. También destaca que el principal objetivo en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”.
¿Cómo combatir la corrupción? El Plan Nacional de Desarrollo propone, entre otros puntos, tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, eliminar el fuero, hacer obligatoria las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los funcionarios.
Nada se menciona de consolidar instituciones que puedan prevalecer en el futuro y se conviertan en un andamiaje de Estado para prevenir el desvío de recursos o el mal aprovechamiento del dinero público. El Sistema Nacional Anticorrupción nació en el anterior sexenio, pero siempre fue visto con desdén y no recibió el apoyo oficial para terminar de integrarse. Esta administración parece seguir en la misma línea.
Con el PND, el gobierno federal —y por tanto el país— tiene fijado un objetivo, similar al de administraciones anteriores: mayor bienestar y desarrollo. Ahora, la vía que se propone para alcanzarlo es distinta, pero será lo de menos si se cumple con el añejo reclamo ciudadano de elevar su nivel de vida. El tiempo será el único que diga si fue la ruta adecuada.