Hace un año, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, era previsible que, cuando asumiera el cargo, viraría hacia un nuevo rumbo el modelo económico del país, en detrimento del que prevaleció las últimas décadas. Así lo confirmó el pasado 1 de diciembre, al fustigar incesantemente en su discurso a lo que llamó ‘las políticas neoliberales’.
A lo largo de los meses, el presidente López Obrador ha insistido en que existe un esfuerzo serio de su administración por transformar la realidad del país. En los hechos, el mandatario recibió un país sumido en una profunda violencia y estancado en su crecimiento. Sin embargo, las políticas económicas implementadas por su gobierno hasta ahora no han mejorado el panorama para la nación.
Bajo estas premisas, las discrepancias con el ambicioso proyecto de gobierno han orillado a renunciar a funcionarios públicos de alto nivel. La baja registrada ayer, de Carlos Urzúa, hoy exsecretario de Hacienda y Crédito Público, es la más importante que se ha dado en el gabinete hasta el momento y es, por donde se vea, una mala noticia para México.
A menos de un año de entrada en funciones la nueva gestión presidencial, la renuncia en Hacienda es la más grave porque refuerza a aquellas señales que reflejan el estancamiento de la economía nacional.
Los motivos de la renuncia de Urzúa deben aquilatarse debidamente por su gravedad. Si es cierto que se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, el presidente López Obrador y su equipo están a tiempo de corregir el rumbo para enfrentar con mayor fuerza el contexto económico internacional, que es por demás complejo.
Es alarmante la parálisis del gasto que denuncian diversos servidores públicos porque, en consecuencia, se detienen las actividades productivas relacionadas. El excesivo control del gasto público, aunado a un déficit de la inversión privada, detienen a la economía mexicana.
La Secretaría de Hacienda es una dependencia que exige un nivel de técnico excepcional a sus funcionarios. Por ello, en consonancia con la voluntad de cambio que enarbola el presidente, debe ahondarse en los graves señalamientos de Carlos Urzúa sobre posibles conflictos de interés en el gabinete federal.
La actual administración del país debe tomar en cuenta las señales internas y externas para que México no resulte perjudicado económicamente en el corto y el mediano plazo. El presidente López Obrador está en posibilidades de continuar con su proyecto de transformación, siempre y cuando se acompañe de los funcionarios adecuados y tome en cuenta a la realidad económica del país. El reto es enorme, todavía estamos a tiempo.