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En este momento, cuando la mayoría del Congreso y el gobierno federal caminan de manera coordinada, la Suprema Corte puede erigirse como un dique institucional ante cualquier determinación que no tome en cuenta el respeto pleno a la ley o a los derechos humanos.
El poder en México se concentra en tres grandes áreas: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Aunque por mucho tiempo el Ejecutivo fue el poder casi absoluto, las reformas adoptadas las últimas dos décadas han dotado al Congreso y a la Corte de mayor presencia en las decisiones clave para el país. El ejercicio del poder se ha repartido de manera efectiva entre los actores.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a su nuevo presidente para el próximo cuatrienio. A diferencia de la votación de hace cuatro años, cuando se registraron 32 rondas por el persistente empate, en esta ocasión la selección se dio de manera expedita.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llega a la conducción del máximo tribunal en momentos en que una parte amplia de la sociedad reclama que actúe como un efectivo contrapeso, que sus decisiones se tomen al amparo de los derechos establecidos en la Constitución Política, sin alguna injerencia externa. Ministros, magistrados y jueces tienen la facultad de avalar o rechazar los actos de autoridad cuando sean objeto de controversia jurídica. Por esa razón, la independencia en su actuación debe ser un requisito indispensable en su tarea cotidiana.
Zaldívar lo señaló claramente: Defender la independencia judicial es defender los derechos humanos, para que haya un Estado de derecho.
Hasta antes del asueto decembrino, Ejecutivo y Judicial se encontraban enfrascados en la discusión respecto a la baja de salarios en este último poder. Ahora, sin mencionar el tema, ambas partes anuncian la disposición al diálogo. El presidente entrante de la Corte hizo un llamado a dejar un lado las diferencias y “unirnos en lo esencial”. Esta y demás diferencias tienen que resolverse por medio del entendimiento, y no por acciones unilaterales.
En materia de independencia judicial, como destacó el ministro presidente, la defensa de la autonomía de la Corte será fácilmente reconocible con las sentencias que emita, con los votos, así como con las conductas públicas y privadas de los integrantes del Poder Judicial.
La insistencia en mantener una independencia plena es simple, pues sin ella nunca podra decirse que existe una justicia verdadera.