Con elementos policiacos inconformes es complicado que las estrategias de seguridad en cualquier ciudad o país tengan éxito.

La protesta que iniciaron el miércoles integrantes de la Policía Federal fue solo el pico de un tortuoso camino en la creación de la Guardia Nacional. Mucho antes de lo acontecido esta semana se dio una enorme presión de organizaciones civiles para que el Congreso eliminara de la propuesta inicial el carácter militar de la Guardia Nacional. Un acuerdo legislativo dio un traje civil a la Guardia Nacional, aunque su perfil sea eminentemente militar.

A ello se añadieron declaraciones frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal es una corporación “muy echada a perder”.

Más recientemente, los policías federales hicieron reclamos por las condiciones en que desempeñaban su labor: dormían hacinados, sobre cartones o colchonetas, y las instalaciones sanitarias eran deplorables. Quienes fueron asignados a reforzar al Instituto Nacional de Migración recibieron uniformes que no correspondían a sus tallas. Por reclamar ese tipo de inconvenientes solo se escuchó una reprimenda de sus superiores.

En el periodo de transición para convertirse en la Guardia Nacional, los policías federales no tuvieron acompañamiento de la autoridad. Es en este momento cuando les informan que perderán derechos laborales como el bono de operatividad, superior a los 9 mil pesos, además de que les pidieron su renuncia antes de ser integrados a la Guardia, lo que implica eliminar su antigüedad laboral. Cuestionan también que las evaluaciones estén a cargo de militares.

A pesar de la tensión, la sensatez dominó y el diálogo se puso en marcha, aunque en medio de un proceso para deslegitimar las protestas. El discurso oficial es que su causa no es justa, que hay “mano negra” en las movilizaciones y que algunas de las voces que destacan en la protesta han incurrido en delitos.

Las movilizaciones recuerdan otras tantas que se han dado desde el primer día de gobierno. Grupos de trabajadores que exigen un trato digno y justo, así como el respeto a sus conquistas laborales. Esta ocasión se trata de elementos de una institución que logró cierto grado de profesionalización, sin que eso signifique que se trata de una corporación inmaculada.

Es válido elegir a los mejores elementos, pero deben ser totalmente transparentes las razones de un eventual rechazo. Además, cualquier separación tiene que estar apegada totalmente a la ley. Mientras eso no ocurra, el país pierde horas cruciales para contener la inseguridad.

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