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Cuando el Estado no cumple la función para la que fue concebido es porque quedó rebasado, por su incapacidad, por omisión o por una deliberada mala actuación, que desemboca usualmente en corrupción.
En teoría, el Estado tiene los medios y la infraestructura para atender a millones de personas y cumplir sus principales objetivos: brindar orden y seguridad a la población, así como buscar siempre el bien común.
Las tragedias ponen a prueba a las instituciones estatales. El periodo previo y posterior a huracanes y terremotos, por ejemplo, sirven a la sociedad para evaluar el desempeño oficial.
EL UNIVERSAL publica hoy que tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo la encomienda de levantar un censo de damnificados para el programa de reconstrucción de inmuebles. La Auditoría Superior de la Federación evaluó las acciones; el resultado: la secretaría fue incapaz de lograr su misión.
La Auditoría revela que la Sedatu tenía que realizar el censo en 720 municipios de nueve estados que contaban con la declaratoria de desastre natural, pero su tarea quedó a la mitad. Además de incompleta, incluyó a un municipio que no había sido declarado en emergencia. Por “confusión de nombre”, en Puebla, censaron viviendas de San Sebastián Tlacotepec, en lugar de Tlacotepec de Benito Juárez. También, se detectaron miles de registros de casas duplicadas.
Ante los señalamientos, la dependencia reconoció que no tuvo capacidad operativa para atender la emergencia en materia de levantamiento de información y por la magnitud de los daños quedó rebasada.
¿Por qué solo después de las observaciones de la Auditoría la Sedatu reconoce incapacidad y que la tragedia la rebasó? Debió anunciarlo de manera pública y oportuna para que otras instancias acudieran en apoyo. El padrón de beneficiarios se elaboró con datos incompletos, lo que no lo hace confiable.
En momentos de necesidad, la población tiene la esperanza de que las instituciones acudan al auxilio y a generar condiciones para que la normalidad se recupere.
En el caso del levantamiento del censo, las inconsistencias encontradas son una rendija por donde pueden colarse actos de corrupción.
Es lamentable conocer que en situaciones de emergencia el Estado incumple sus funciones. Si en esas horas el Estado falla, se condena a miles de personas a perder una vida digna.
