Una de las mayores fuentes de historias de todo tipo y color se encuentra en los migrantes y en las vivencias que encaran desde que abandonan su hogar y su país hasta que logran establecerse en la tierra deseada, aquella que les ofrece oportunidades de trabajo y vida digna.
México fue expulsor de migrantes durante varias décadas. Miles de mexicanos abandonaban sus localidades en Zacatecas, Puebla o Michoacán para llegar de manera indocumentada a Estados Unidos. Muchos perdieron la vida en el desierto, otros tantos tuvieron éxito después de varios intentos.
Hoy los índices de emigración no se comparan con los que se alcanzaron a finales del siglo pasado. El país se ha vuelto territorio de paso para migrantes de diversas nacionalidades, especialmente centroamericanos. Sus relatos suelen ser de la solidaridad encontrada en su trayecto, pero también de las dificultades de la travesía, de las carencias, de las muertes de acompañantes y de los abusos de los que son víctimas.
Su paso por México es uno de los de mayor riesgo. La corrupción de un sistema migratorio deficiente y la violencia de grupos criminales los convierte en un blanco apetitoso. En Tapachula, migrantes cubanos denuncian que “abogados” les piden de 300 a 900 dólares por “agilizar” la entrega del salvoconducto del Instituto Nacional de Migración, que les permita continuar su viaje a Estados Unidos. El trámite es gratuito, pero la dependencia tarda hasta 20 días para entregar el documento y sólo recibe 20 solicitudes diarias. Los propios migrantes creen que hay colusión entre los “gestores” y personal del INM para hacer lento el trámite y obligarlos a pagar por él. Sus temores no están lejos de la realidad. Ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el instituto es una de las oficinas más penetradas por la corrupción, por lo que se realiza una renovación de los agentes migratorios.
Pero si no es la corrupción la que interrumpe su paso, es el crimen. En esta semana se volvieron a conocer casos de presuntos secuestros de migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de autobuses por carreteras de Tamaulipas, lo que recuerda a los hechos de 2010, cuando en San Fernando se encontraron los cuerpos de más de 70 migrantes que habían sido secuestrados. En ese tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó que unos 10 mil migrantes centroamericanos fueron secuestrados en México.
En casi una década la situación del migrante se mantiene casi sin cambio. En un país ajeno se vuelven presas fáciles de devorar, a la vista de todos y con la tolerancia social y oficial.
